Porte de armas en USA y Brasil
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- Permiso para porte de armas de fuego en Colombia & Qué cambia exactamente
El Decreto 1368 de 2026, firmado por el presidente De la Espriella, levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.
No crea un “porte libre”: mantiene intactos los requisitos del Decreto Ley 2535 de 1993—ser mayor de 25 años, demostrar amenazas, no tener antecedentes, aprobar pruebas físicas, psicológicas y de manejo del arma.
Lo que cambia es que quien ya tenía permiso vigente de porte puede usarlo sin tramitar la “autorización especial adicional” que se exigía desde 2015.
- Se reactiva la eficacia de esos permisos, pero siguen excluidos los permisos vencidos, suspendidos, cancelados o revocados, y los casos de tenencia sin porte.
Comparación internacional. Antes y después de flexibilizar armas
Estados Unidos
- La evidencia más sólida no se refiere a una “legalización” súbita, sino al efecto de políticas que facilitan portar armas (leyes “shall-issue” de porte oculto, “stand your ground”) frente a esquemas más restrictivos.
La síntesis crítica de @RAND encuentra evidencia de apoyo a que:
- Leyes “shall-issue” se asocian con aumento de homicidios totales y homicidios con arma de fuego, así como de otros delitos violentos.
Leyes “stand your ground” (defender tu posición) asocian con incrementos en homicidios con arma de fuego y en el total de homicidios.
- En 2023, en EE. UU. hubo 22.830 homicidios, de los cuales 17.927 (78,5 %) fueron cometidos con arma de fuego.
En 2024, las armas fueron la primera causa de muerte en jóvenes de 1 a 17 años, con 2.214 fallecidos; del total de muertes por arma de fuego, 62 % fueron suicidios (27.593) y 35 % homicidios (15.364).
- La misma fuente señala que las armas se usan con éxito en defensa propia en menos del 1 % de los delitos violentos.
Conclusión para EE. UU.: cuando se flexibiliza el porte (más gente armada en espacios públicos), la mejor evidencia disponible indica aumento de homicidios y violencia armada, no reducción.
Brasil
- Brasil ofrece el caso inverso: el Estatuto de Desarme (ley federal que restringe fuertemente la tenencia y el comercio de armas, con requisitos estrictos y penas de prisión por porte ilícito) fue evaluado en São Paulo entre 2001 y 2007.
Los estudios de Cerqueira y otros estiman que la política contribuyó a una reducción de al menos 12,6 % en homicidios, equivalente a entre 2.000 y 2.750 vidas salvadas en ese periodo.
- Sin embargo, cuando el gobierno de Jair Bolsonaro flexibilizó permisos de tenencia y porte (2018–2022), las armas en manos de civiles aumentaron 124 %, y una parte significativa terminó revendida al crimen organizado, modernizando su capacidad de fuego.
Conclusión para Brasil:
- Restricción fuerte (Estatuto de Desarme): asociada con reducción de homicidios.
Flexibilización posterior: aumento masivo de armas civiles, con evidencia de mayor disponibilidad para el crimen organizado y deterioro de seguridad.
Guatemala (tercer caso breve)
- En Guatemala, donde la compra de armas es flexible desde 1989, en 2024 el 60 % de las armas incautadas en procesos penales habían sido compradas legalmente.
En 2020, el 88 % de los feminicidios se cometió con armas de fuego de corto alcance registradas para uso civil, y en 2019 el 59 % de las lesiones por arma de fuego afectó a niños, adolescentes y jóvenes.
Qué nos dicen estos datos para Colombia
- Colombia ya está entre los países con más muertes por arma de fuego: 21.696 en 2021, ocupando el sexto lugar mundial; en 2025, el 77 % de los 13.734 homicidios se cometió con arma de fuego.
La experiencia comparada sugiere que más armas en circulación y más facilidad de porte tienden a aumentar homicidios y violencia armada, mientras que las políticas de desarme y control estricto se asocian con reducciones de homicidios.
- En ese contexto, el cambio introducido por el Decreto 1368—reactivar permisos de porte vigentes y eliminar la autorización especial—no es un detalle menor: amplía la presencia de armas legales en espacios públicos en un país ya saturado de armas ilegales.
La evidencia internacional disponible indica que, sin controles adicionales robustos, esto probablemente aumente la violencia armada, más que reducirla.
Fin