Panama Papers en México El constructor de la casa de la esposa del presidente ocultó una fortuna en paraísos fiscales
Por Investigaciones Especiales / Aristegui Noticias.- (*)
Ver mapa interactivo.
En el tablero de la política y los negocios, Juan Armando Hinojosa Cantú nunca da manotazos, jamás se lamenta y ejecuta cada movimiento con la frialdad de asesino a sueldo.
Cuando se descubrió que él fue quien construyó una casa de 7 millones de dólares para el Presidente Enrique Peña Nieto y, al mismo tiempo, perdió un contrato por 3 mil 750 millones de dólares para el primer tren de alta velocidad en México, jamás protestó.
Lo suyo no es la estridencia, como lo demostró cuando fue apartado del grupo de empresas nacionales que buscaban ganar la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México en donde hay en juego una inversión de 169 mil millones de pesos -alrededor de 2 mil 783 millones de dólares-.
Tras perder estos negocios, los más cuantiosos en su carrera empresarial de 28 años, se abrió la investigación oficial sobre un conflicto de intereses con el Presidente Peña Nieto.
Fue entonces cuando Hinojosa Cantú decidió poner a salvo su dinero; usó como prestanombres a su madre, Dora Patricia Cantú Moreno, y a su suegra, María Teresa Cubria Cavazos.
Una parte de su fortuna circuló a través de siete países, algunos de ellos identificados como paraísos fiscales, hasta llegar a puerto seguro en Nueva Zelanda, de acuerdo con información interna del proveedor de servicios financieros con base en Panamá, Mossack Fonseca.
Esta información fue obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) con 110 medios alrededor mundo, incluido Aristegui Noticias.
El 3 de febrero del 2015, Peña Nieto nombró a Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública. Su principal tarea –le dijo en ese momento- fue investigarlo por La Casa Blanca en La Lomas de Chapultepec, uno de los barrios más caros de la capital mexicana.
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, también formaría parte de la indagatoria por una residencia de descanso en el Club de Golf Malinalco, construida por Hinojosa a través de la firma H&G.
Peña Nieto dejó la investigación en manos de un miembro de su gabinete. Por otra parte, la Constitución establece que al Presidente sólo puede juzgársele por traición a la patria y delitos graves del orden común, entre los que no se encuentra el conflicto de intereses. De cualquier forma, sería intocable*.
Pero Hinojosa Cantú no hizo confianza. La primera asesoría para resguardar su dinero la recibió del despacho D´Orleans Bourbon & Associates .
Este bufete también es conocido por las siglas DBA, con las subsidiarias DBA Capital, de servicios financieros privados, y DBA Consulting, de asesoría en gobierno corporativo y estrategias comerciales. Tiene oficinas por todo el mundo. Algunas de ellas están en Reino Unido, Nueva Zelanda, Panamá y, desde luego, México.
D´Orleans fue el intermediario con Mossack Fonseca, especializado en crear empresas fachada en paraísos fiscales o en países con leyes laxas para inversiones extranjeras.
El abogado Filipe Di Matos fue asignado como asesor del dueño de Grupo Higa. El 15 marzo del 2015 , Hinojosa Cantú donó a su madre, Dora Patricia Cantú Moreno, cinco empresas ubicadas en la Isla Nieves y en las Islas Vírgenes Británicas.
Para entonces, apenas habían transcurrido 42 días de que fue abierta la investigación por conflicto de intereses.
El movimiento con estas empresas lo hicieron desde la Ciudad de México y lo legalizaron como un “donativo” que incluyó cuentas bancarias en Estados Unidos en sucursales del Credit Suisse, del JP Morgan y del USB Hamburg.
Hinojosa había ganado no menos de 750 millones de dólares en contratos a la par de la carrera política de Enrique Peña Nieto, primero cuando fue gobernador en el Estado de México y continuó cuando llegó a la Presidencia, de acuerdo con una base de datos elaborada por Aristegui Noticias para el reportaje de La Casa Blanca.
El pasado 12 de febrero, el Papa Francisco aterrizó en la ciudad de México para su primera visita pastoral. Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y su gabinete organizaron una ceremonia de recepción en el hangar construido por Concretos y Obra Civil de Pacífico, una de las firmas propiedad de Hinojosa por cuyo contrato ganó 977 millones de pesos -12.7 millones de dólares al tipo de cambio correspondiente-. La obra se le asignó de forma directa, sin licitación.
Ese contrato ha sido reservado durante 12 años por razones de seguridad nacional, según una repuesta del Estado Mayor Presidencial ante solicitudes de acceso de información presentadas por Aristegui Noticias.
Hinojosa es el propietario de grupo Higa, conformado por 29 subsidiarias, una de ellas encargada de construir la casa de 7 millones de dólares para Peña Nieto. Sin embargo, no se sabía que tuviera vínculos comerciales con las Islas Vírgenes Británicas y en la Isla Nieves.
Pero más allá de esto, ¿qué ventajas le han ofrecido estos países?
Hinojosa Cantú hizo un segundo movimiento tan rápido como eficaz. Una vez eliminado su rastro de las Islas Vírgenes Británicas y en la Isla Nieves, buscó un lugar más seguro.
El país elegido fue Nueva Zelanda. D’Orlenas abrió ahí dos fideicomisos. Un tercero fue tramitado directamente por Mossack Fonseca.
Los primeros quedarían a nombre de su madre, la misma Dora Patricia Cantú Moreno y llevarían por nombre The Huanca Trust y The Khuno Trust. En el último, llamado The Huiracocha Trust, aparecería como propietaria su suegra, María Teresa Cubria Cavazos.
La madre de Hinojosa Cantú ha manejado una funeraria en Reynosa, Tamaulipas –en la zona fronteriza con Estados Unidos-. De hecho, ese fue el negocio que sostuvo a la familia durante años. Sin embargo, ella no figura como accionista en las subsidiarias de Grupo Higa.
“Apagué el radio y no quise saber más, son calumnias, todo lo que dijeron son calumnias”, dijo a la revista Expansión para un reportaje publicado en agosto del 2015. En ese momento, los fideicomisos a su nombre ya estaban abiertos en Nueva Zelanda.
Pero ella y María Teresa Cubria Cavazos son prestanombres. En esos tres fideicomisos, el principal beneficiario es el propio Hinojosa, luego su esposa María Teresa García y al final sus hijas María Teresa y María Fernanda, según consta en documentos y correos filtrados a través de la investigación Panamá Papers.
Los cimientos de esta estructura financiera permitieron a Hinojosa Cantú eliminar su rastro en las Islas Vírgenes Británicas y en la Isla Nieves, sin que ello implicara perder su fortuna.
El reto, en ese momento, fue encontrar un puente seguro para trasladar el dinero desde las cuentas en Estados Unidos hasta Nueva Zelanda, sin despertar sospechas en el sistema financiero.
Filipe Di Matos -ejecutivo de la firma D’Orleans- buscó apoyo en la empresa panameña OMC Group especializada en servicios corporativos y constitución de compañías alrededor del mundo, pero hubo contratiempos. Fue entonces cuando tocaron la puerta de Mossack Fonseca.
El 01 de junio del 2015, Filipe di Matos envió un correo a Olga Santini, ejecutiva de Mossack Fonseca en Estados Unidos, para avisarle que uno de sus clientes quería contratarlos para reestructurar sus bienes fuera de su país de origen.
Ahí mismo, describió a Hinojosa como un empresario de “alto perfil” quien necesitaba transferir 100 millones de dólares a fideicomisos en Nueva Zelanda, cantidad que representaba una “pequeña parte” de su portafolio de posibles inversiones.
Los abogados omitieron el tema de La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y sólo se refirieron a él como uno de los empresarios “más prominentes”, pero con mala publicidad motivada por su “alto perfil”, según consta en los correos electrónicos.
El 08 de junio, unos días después de ese correo, la Secretaría de la Función Pública pidió a Peña Nieto responder un cuestionario sobre su relación con Hinojosa y, casi simultáneamente, solicitó al secretario de Hacienda, Videgaray, entregar sus documentos sobre la residencia de descanso en Malinalco.
Por separado, decenas de funcionarios fueron llamados a comparecer sobre la fallida licitación del tren de alta velocidad que había ganado Constructora Teya perteneciente a Grupo Higa.
Peña Nieto dejó que su esposa, Angélica Rivera, respondiera sobre La Casa Blanca. Videgaray envió su contrato con la firma H&G –de Grupo Higa- y los comprobantes de pago. Esta inmobiliaria, registrada a nombre de Hinojosa, le vendió esa casa en 7 millones de pesos –alrededor de 700 mil dólares al tipo de cambio vigente en el año 2012- sin obtener un solo peso como ganancia.
Videgaray era el coordinador de la campaña presidencial de Peña Nieto durante la cual empresas de Hinojosa fueron contratadas para la renta de helicópteros (Eolo Plus) y para fabricar objetos de plástico (PACSA).
A lo largo de junio de 2015 hubo un intenso intercambio de correos entre las oficinas de Mossack Fonseca. En alguno de ellos, se pidió investigar en bases de datos propias si Hinojosa y su esposa eran personas políticamente expuestas, lo que se conoce en el ambiente financiero como PEP (por sus siglas en inglés).
El despacho D´Orleans colaboró con una carta en la cual describieron al dueño de Grupo Higa como un empresario de “alto perfil”.
En esta misma carta, el despacho D’Orleans mintió sobre el origen de los recursos de Hinojosa en Perú, al dar por hecho que gozaban de un contrato exclusivo para tratar a pacientes renales por 30 años en ocho departamentos, “un negocio valorado en 355 millones de dólares”.
No obstante, el seguro social de ese país llamado EsSalud informó que la propuesta de IGSA fue rechazada desde el año 2011, según información obtenida por IDL-Reporteros, de Perú, para esta investigación periodística.
Es cierto que la filial de Higa tiene contratos para atender a pacientes con enfermedades renales, pero no el que citan en esa carta enviada a Mossack Fonseca.
El resultado fue que al dueño de Higa no lo catalogaron como una persona políticamente expuesta.
Mossack Fonseca tomó esta decisión justo cuando se desarrollaba la investigación oficial por conflicto de intereses, en la cual él era uno de los principales involucrados. Tampoco prestó atención a las repercusiones internacionales del reportaje La casa Blanca de Peña Nieto.
De haberse catalogado como persona políticamente expuesta, la transferencia del dinero Estados Unidos-Nueva Zelanda cuando menos se hubiera retrasado, porque las compañías hubieran tenido que investigar a fondo el origen del dinero.
Según la legislación de Nueva Zelanda, una PEP es un jefe de Estado, Presidente o funcionario de alto nivel de cualquier país. Pero también entran en esta categoría los familiares y los empresarios que se benefician de hacer negocios con estos personajes.
La Unión Europa ha hecho las siguientes recomendaciones para amortiguar el lavado de dinero y las operaciones de dudosa procedencia:
Mossack Fonseca transfirió el caso a sus oficinas en Holanda en donde diseñarían una estrategia que atendiera las necesidades, urgentes, de este cliente.
Entre el 02 y 12 de julio del 2015, Hinojosa Cantú fue notificado oficialmente que estaba bajo investigación por conflicto de intereses con el Presidente Peña Nieto.
Aunque él no fue llamado a comparecer, su representante legal Arturo Reyes Gómez, fue emplazado por la Secretaría de la Función Pública para que entregara los archivos sobre La Casa Blanca así como de la residencia de descanso en Malinalco y de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, entre otros.
El 13 de julio del 2015, apenas un día después de que Reyes Gómez compareció por escrito para la investigación oficial, el despacho D´Orleans envió un correo al ejecutivo de Mossack Fonseca Daniel León pidiendole apresurar la transferencia y concretar los trámites para los fideicomisos toda vez que “ya se encontraban bajo mucha presión”.
En este mensaje, pidieron “tener todo listo entre hoy y mañana”, ya que Hinojosa representa una oportunidad única para hacerse no sólo de un cliente con alto perfil, sino también como parte de una estrategia de negocios ya que los pondría en contacto con “muchos UHNWI” en México.
En el ambiente financiero, la clave UHNWI (Ultra High Net Worth Individual), se utiliza para referirse a una persona con activos de inversión de por lo menos 30 millones de dólares. En esta categoría están los empresarios más ricos del mundo.
Pero eso no fue todo. Además, anuncian que si concretan todo de inmediato, Hinojosa tenía la intención de constituir dos nuevos fideicomisos “antes del periodo de vacaciones”, es decir, antes de agosto del 2015.
Dos días después, efectivamente, todo estaba listo. La oficina de Mossack Fonseca en Holanda usó uno de sus instrumentos para encubrir a sus clientes, un fideicomiso llamado Orion Trust, para crear a su vez dos compañías fachada: Khuno Investments –registrada en Londres- y Stichting Khuno Management –asentada en Ámsterdam-, según consta en el intercambio de información entre ejecutivos de Mossack Fonseca y el bufete D´Orleans.
Estas dos últimas firmas en Londres y Ámsterdam aparecerían como las administradoras de los fideicomisos en Nueva Zelanda en donde la identidad de los verdaderos dueños sería confidencial, aun cuando se tratara de prestanombres.
En ese mismo julio del 2015, Mossack Fonseca intentó verificar de nuevo la trayectoria empresarial de Hinojosa Cantú, pero sus abogados lo impidieron.
En un correo, explicaron que no podían enviar copias de todo el pasaporte porque su cliente prefería mantener confidencialidad sobre las fechas, las ciudades y los países visitados.
El 21 de agosto del 2015, el secretario de la Función Pública Virgilio Andrade informó que el Presidente Peña Nieto no incurrió en un conflicto de intereses por el caso de la Casa Blanca. Según la versión oficial, la residencia perteneció a Angélica Rivera y, sobre todo, no encontraron evidencias que estuviera vinculada a la entrega de obras públicas a favor de Grupo Higa.
La exoneración a Peña Nieto facilitó las cosas. El 30 de septiembre del mismo año, Daniel León –ejecutivo de Mossack Fonseca encargado del caso en Holanda- informó a Filipe di Marco –abogado de D´Orleans- sobre el hallazgo de información adversa relacionada con Hinojosa respecto a vínculos con el Presidente de México. Y preguntó: “¿Existe alguna relación entre ambos, incluyendo lo económico? ¿Por qué han surgido estas denuncias? Necesitamos tener suficiente información que nos permita descartar esta posibilidad.
Estas inquietudes fueron planteadas tres meses después del primer contacto que tuvieron con el dueño de Grupo Higa y cuando la investigación oficial ya estaba cerrada.
El mismo día, el abogado Di Marco respondió que esa información adversa apareció sólo en periódicos, muchos de ellos propiedad de rivales en negocios “como el caso del New York Times de Carlos Slim”. Su cliente –explicó- ya fue exonerado.
El 9 de noviembre del 2015, Lissa Crook, representante de la firma Benthey –socia en Nueva Zelanda que dio validez a los fideicomisos- preguntó nuevamente a Mossack Fonseca si estaban plenamente satisfechos con la investigación sobre Hinojosa Cantú y el origen de su dinero.
Daniel León responde que sí. Y afirma que las operaciones han sido por alrededor de 50 millones de dólares.
Débora Montesinos, la directora del departamento de cumplimiento de Mossack Fonseca, intervino para advertir que, definitivamente, Hinojosa Cantú, no era peligroso.
Aún así, todavía quedaban tramites por desahogar. Como el dinero provendría de cuentas en Estados Unidos, las aparentes dueñas de los fideicomisos, Dora Patricia Cantú y María Teresa Cubria Cavazos, debieron firman una declaración de conformidad de impuestos para extranjeros.
En esas declaraciones se incluye que tanto ellas como sus beneficiaros –en esta caso Hinojosa- están conscientes de su obligación de informar y pagar impuestos en sus país de residencia. También incluyeron un documento en el que afirman no tener obligaciones con el sistema de impuestos de Estados Unidos.
Carta de no impuestos en Estados Unidos
Las referencias crediticias que también necesitaban ambas para trámites en Nueva Zelanda, fueron extendidas por la firma XRV Management, ubicada en las Islas Caimán, conocidas internacionalmente como paraíso fiscal.
Sobre Dora Patricia (la esposa) dicen que la han asesorado durante los últimos 3 años, es decir, desde 2012. Y en torno a María Teresa Cubría (la suegra) desde dos años, es decir, desde 2013.
Consultado sobre la investigación periodística internacional Panama Papers, Carlos
Sousa director de Relaciones Públicas en Mossack Fonseca expuso que su trabajo es simplemente ayudar a la creación de compañías y que, antes de apoyar a cualquier cliente, realizan un “rígido proceso de verificación” que incluso excede “todas las reglas relevantes, regulaciones y estándares locales” a los que todo están supeditados.
Y añadió por escrito:
“Sin embargo, llenar el papeleo legal para ayudar a formar una compañía es una cosa muy distinta a establecer un vínculo de negocio o a dirigir las compañías que se formaron”.
“Nosotros solamente formamos compañías, lo cual casi todos reconocemos que es importante y algo crítico para asegurar que la economía global funcione eficientemente. Al proveer esos servicios seguimos tanto la letra como el espíritu de la ley porque en 40 años de operación no hemos sido acusados de ninguna conducta criminal. Estamos orgullosos del trabajo que hacemos, a pesar de los recientes y deliberados intentos de algunos por malinterpretarlo”.
“Finalmente, está bien establecido que varios países (por ejemplo Reino Unido y Estados Unidos) tienen leyes sobre fideicomisos que permiten a una persona o empresa representar a una tercera parte en alcances fiduciarios, lo cual es 100% legal y tiene un propósito importante en el comercio global”.
En los archivos y documentos usados para esta investigación, no consta si el dueño de grupo Higa reportó este dinero y las transferencias ante el Sistema de Administración Tributaria. Sin embargo, él recibió un correo sobre este reportaje a través del ICIJ semanas antes de la publicación, pero hasta el momento no hay respuesta.
Mientras tanto, los fideicomisos en Nueva Zelanda siguen operando y Grupo Higa continúa allegándose de contratos con el Gobierno de Peña Nieto.
Desde enero del 2015 a la fecha en que se publicó esta investigación, sumaron 6 millones de pesos más –alrededor de 353 mil dólares- por la transportación aérea del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como por la construcción de instalaciones militares en Chiapas.
(*) Por Mago Torres, Sebastián Barragán, Irving Huerta, Rafael Cabrera y Daniel Lizárraga. Diseño Gustavo Varguez.
Publicado el Domingo 03 de abril, 2016 a las 13:00 | RSS 2.0.
Última actualización el Jueves 07 de abril, 2016 a las 14:23