Proceso de paz

ONU verificará ingreso de las Farc a la vida civil

 

El Consejo de Seguridad aprueba una segunda Misión de la ONU en Colombia

Observadores de la Misión de la ONU en Colombia. Foto: Misión de la ONU en Colombia
Observadores de la Misión de la ONU en Colombia. Foto: Misión de la ONU en Colombia

 

10 de julio, 2017 — El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el establecimiento de una segunda misión política en Colombia por un período inicial de 12 meses y bajo la dirección de un Representante Especial del Secretario General.

La Misión se encargará de verificar la implementación del acuerdo entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), en particular la reincorporación de esos militantes a la vida política, económica y social del país.

Del mismo modo, también se cerciorará de que se respeten las garantías de seguridad personal y colectiva de esos miembros, así como la protección de comunidades y organizaciones en distintos territorios.

Las actividades empezarán el 26 de septiembre, una vez que culmine el mandato de la primera Misión de la ONU en Colombia.

El pedido para establecer esta segunda Misión provino del presidente colombiano teniendo en cuenta el fin de la fase de entrega de armas.

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, participó de la sesión en el Consejo y habló con la prensa al concluir el encuentro.

“Es la segunda Misión solicitada, que estaba acordada en los acuerdos de paz, en donde las Naciones Unidas harían el monitoreo y la verificación del proceso de reintegración económica social y política de las FARC, así como su seguridad colectiva”, dijo la canciller.

También actualizó sobre el avance del proceso de amnistía a los ex combatientes de las FARC. Holguín estimó que ese paso estará finalizado en agosto para dar inicio en septiembre al proceso de reintegración.

En este sentido, adelantó que en la fecha se estarían completando 6.000 de las amnistías por decreto presidencial a los que se encuentran en las zonas de desmovilización.

En cuanto a los ex militantes en prisión, especificó que el sistema judicial ha completado el trámite de 1.400 de ellos y otros 1.700 casos siguen pendientes.

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