Legalizadas capturas de presuntos responsables de defraudación al Fondo Nacional del Magisterio de Córdoba
Una juez con función de control de garantías legalizó la captura de 11 personas, procesadas por apoderarse, presuntamente, de más de 80 mil millones de pesos, de propiedad del Magisterio Nacional.
En una audiencia pública, el Fiscal 5ª delegado ante el Tribunal de Bogotá, para la investigación de funcionarios públicos, indicó que el grupo de abogados y funcionarios judiciales a través de procesos ejecutivos laborales en los que se utilizaban pólizas falsas, con la aceptación de poderes falsos; los procesados lograban el cobro de dinero, que se hallaba en una entidad bancaria.
Indicó que mediante resoluciones de la Secretaria de Educación del Departamento de Córdoba lo mismo que de varios municipios, que utilizaban documentos falsos, se reconocían ajustes pensionales.
Expreso el fiscal que con la presentación de certificaciones falsas de docentes, los procesados presentaban demandas ejecutivas laborales en contra de la fiduciaria La Previsora, entidad encargada de administrar los recursos de la nación, el Magisterio y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
El fiscal también manifestó que la juez del municipio de Lorica, en Córdoba, Isabel Montes Oyola, a sabiendas de que esas resoluciones no provenían de la Fiduciaria, ella de manera inmediata libraba los procedimientos ejecutivos, por medio de los cuales embargaba las cuentas de ahorro y crédito.
Pese a las reglas existentes sobre la inembargabilidad de esas cuentas la juez obraba a favor de los abogados, quienes llegaron a cobrar dineros del Fondo en suma cercana a los 80 mil millones de pesos.
Para investigar los hechos que se presentaron entre los años de 2010, 2011 y 2012, la Fiscalía asignó un grupo especial de policía judicial, el cual comenzó sus tareas en el 2013.
Tras la investigación la Fiscalía solicitó ante una juez de garantías, la captura de 22 personas, de las cuales se hicieron efectivas 17.
De las capturadas, tres personas quedaron en el municipio de Montería (Córdoba) por razones de salud, aseguró el fiscal, quien manifestó que de toda manera estas quedan vinculadas al proceso.
Para lograr la captura de las 17 personas, la policía judicial Dijín, en coordinación con la Fiscalía, realizó 13 allanamientos en ciudades como Bogotá, Medellín (Antioquia), Lorica, Shinú y Cereté (Córdoba), así como en Cartagena (Bolívar).
Ante el estrado en la audiencia pública, responden por su presunta participación en el millonario desfalco, los secretarios de los juzgados civiles del circuito de los municipios de Lorica y Cereté, Mario Nicolás Espinoza Espinoza y Edwin de Jesús Salgado Guerrero, respectivamente.
También se legalizó la captura de Alberto Aparicio Ávila Sánchez, Secretario de Educación del municipio de Cerete, para la fecha de los hechos.
Otros que responden ante el estrado son Jorge Eliécer Peralta Nieves, exvicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio en esa región, y los abogados Álvaro Antonio Narváez Llorente, Samir Antonio Chagui Flores, Álvaro Enrique Burgos del Toro, Guillermo Raúl Renalts Nova, Jesús Eduardo Mangones Renalts, Román Enrique Fuentes Álvarez y Albeiro Ramón Mangones Álvarez.
Tras la legalización de las capturas, el fiscal adelanta la imputación de cargos, manifestando que los procesados son presuntos responsables de los delitos de falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, peculado por apropiación y concierto para delinquir.
ANM/DLBM