Homicidios de líderes sociales no son sistemáticos, dice viceminDefensa

Medellín, 26 de diciembre de 2016

En Medellín, Aníbal Fernández de Soto, viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, instaló el primer Puesto de Mando Unificado (PMU) regional, en el que se analizaron las medidas necesarias para garantizar la protección a defensores de derechos humanos y líderes sociales de Antioquia.


Al término esta reunión de alto nivel en materia de seguridad, en la que participó además Juan Carlos Restrepo, director de Seguridad de la presidencia de la República, el viceministro informó que en conjunto con las autoridades regionales y en coordinación con el Gobierno nacional se están analizando cada uno de los casos de homicidio de líderes sociales en el país.

“Hemos establecido una instancia interinstitucional con la Fiscalía, la Policía, el ministerio de Defensa y del Interior, para analizar y establecer las circunstancias en las que se han dado cada uno de los 52 casos priorizados en el país, siete de ellos ocurridos en Antioquia, particularmente en los municipios El Bagre, Chigorodó y Medellín”, resaltó Fernández de Soto.

Destacó además que la acción unificada del Estado y el trabajo coordinado entre la Fuerza Pública y la Fiscalía, con entidades territoriales, es lo que le ha permitido avanzar a las autoridades en el esclarecimiento de casos como el de William Castillo Chima, ocurrido en El Bagre, que ya ha sido aclarado y hay una persona condenada por estos hechos.

“Lo que hemos venido a hacer es crear una instancia de coordinación que se lleve a nivel regional, para que aquí la Gobernación con las alcaldías municipales, y demás autoridades tengan un mecanismo de trabajo articulado que nos permita esclarecer estos casos de manera rápida”, puntualizó el Viceministro

Finalmente el alto funcionario informó que no hay indicios que permitan señalar que los homicidios a los líderes sociales en el país sean sistemáticos y cometidos por un actor armado especifico. “Hay circunstancias que nos permiten identificar que el agresor es una expresión de crimen organizado, que puede ser desde el ‘clan del Golfo’ o grupos de delincuencia organizada que están pretendiendo ganar espacios abandonados por las Farc”.