Fallo fiscal por $697 millones contra directivos de Incuagro y la Cía Cauchera San Pedro

AlertaRecursos públicos para erradicación de cultivos ilícitos beneficiaron a particulares

 

Fallo fiscal por más de $ 697 millones de pesos contra directivos de  Incuagro y la Compañía Productora de Caucho San Pedro

 

*Deberán resarcir estos dineros Adriana Senior Mojica, como representante legal de Incuagro en su momento; Aminta Rengifo López, en su calidad de gerente de esta Incubadora Empresarial en liquidación; y Jesús Bastidas, como representante legal de la Compañía Productora de Caucho San Pedro.

 

*El detrimento patrimonial se dio al haberse contratado con recursos provenientes del erario  la adecuación y siembra de árboles de caucho en fincas que no eran propiedad de la Compañía Productora de Caucho San Pedro ni le fueron entregadas en usufructo.

 

 

Bogotá, 15 de junio de 2016.- La Contraloría General de la República dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por $697 millones 983 mil pesos en contra de los representantes legales –en su momento- de la Incubadora Empresarial de Producción y Comercialización Agropecuaria EU (Incuagro), Adriana Senior Mojica, y de la Compañía Productora de Caucho San Pedro, Jesús Bastidas, así como de Aminta Rengifo López, en su calidad de gerente liquidadora de Incuagro.

 

El órgano de control determinó un detrimento patrimonial por este monto ($697.983.161 exactamente), por haberse contratado con recursos provenientes del erario público la adecuación y siembra de árboles de caucho en fincas  situadas en municipio de Turbo (Antioquia) que no eran de propiedad de la Compañía Productora de Caucho San Pedro S.A. y que tampoco le fueron entregadas en usufructo.

 

Consideró la Contraloría que los declarados responsables fiscales omitieron funciones de vigilancia, control y cuidado a los recursos públicos entregados a la Compañía Productora de Caucho San Pedro para erradicar cultivos ilícitos.

 

Particulares se beneficiaron de recursos para erradicar cultivos ilícitos

 

En el mes de mayo del año 2004, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -a través del Fondo de Inversiones para La Paz-,  la Corporación Colombia Internacional –CCI e Incuagro EU, suscribieron el convenio especial de Cooperación Técnica No. 2459.

 

Se determinó allí que estas entidades aunarían esfuerzos financieros, técnicos, operativos e institucionales con la finalidad de coordinar, gestionar, implementar, articular y ejecutar adecuadamente el Instrumento de Financiación de proyectos del componente económico para zonas del Programa de Desarrollo Alternativo del Fondo de Inversiones para la Paz.

 

Y, como resultado de lo anterior se aprobó el proyecto denominado “Productora de Caucho de San Pedro”, en la cual se autorizó una inversión de $5.882.400.000, constituyéndose en Sociedad anónima mediante escritura No. 1033 del 7 de septiembre el año 2006, siendo el mayor accionista Incuagro EU, como aportante del capital con el que se sembrarían arboles de caucho en terrenos del municipio de Turbo – Antioquia, como estrategia para la erradicación de cultivos ilícitos.

 

La Contraloría General de la República demostró que con estos recursos, se contrató la adecuación y siembra de árboles de caucho en fincas que no eran de propiedad de la Compañía Productora de Caucho San Pedro S.A. y que tampoco le fueron entregadas en usufructo; adicionalmente se comprobó que algunas de estas fincas eran del Fondo Ganadero de Córdoba, uno de los accionistas de la empresa.

 

La Superintendencia de Notariado y Registro revocó y dejó  sin efecto las anotaciones contentivas de las escrituras por las cuales dicho Fondo adquirió los mencionados predios; quedando demostrado que con los recursos destinados por el estado para la erradicación de cultivos ilícitos se beneficiaron particulares, sin justificación alguna.

 

Cuantía del daño que pagará cada uno de los responsables fiscales

 

El Auto No. 00629 del 7 de junio de 2016, proferido por la Dirección de Juicios Fiscales en segunda instancia, confirmó la responsabilidad fiscal que había declarado inicialmente la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia mediante fallo con responsabilidad fiscal No. 02 del 7 de marzo del presente año.

 

Según el fallo de segunda instancia, la señora Adriana Senior, en calidad de representante legal de Incuagro para el período comprendido entre el 22 de mayo de 2007 y el 20 de noviembre de 2008, debe ser tenida en cuenta como responsable fiscal, respecto del detrimento patrimonial ocasionado al Estado por los valores invertidos en el establecimiento, siembra de los terrenos y plántulas en la finca “Para que pienses”, en cuantía total de $421 millones 726 mil pesos.

 

Para la Contraloría, aunque dicha implicada formuló la denuncia que fue insumo del hallazgo que dio origen al proceso de responsabilidad fiscal e intentó la legalización de los terrenos, “debió haber desplegado las acciones necesarias tendientes a vigilar que los terrenos en donde se iba a cultivar el caucho cumplían con las exigencias legales para asegurar la buena inversión de los recursos públicos y de no ser así, proceder a ejecutar acciones para evitar que se invirtieran recursos públicos en dicha actividad”.

 

Los otros responsables fiscales, Jesús Bastidas, como representante legal de la Compañía Productora de Caucho San Pedro, y Aminta Renfijo López, vinculada al proceso en calidad de gerente liquidadora de INCUAGRO, deberán responder en forma solidaria por la suma de $276 millones 256 mil pesos, que corresponde al detrimento patrimonial ocasionado por la siembra de los predios denominados La Parcela, Francisco Manuel Burgos (La Lucha) y el Descanso No. 2, por el establecimiento, siembra de los terrenos y por el valor de los plántulas que se sembraron.
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