Extradición de corruptos incluidos quienes hacen licitaciones para sus amigos

fiscalia

 

Fiscal propone extradición para los corruptos
5 de octubre de 2016 | 12:05 PM | Bogotá
Y Bolsillos de cristal

Palabras pronunciadas por  Néstor Humberto Martínez Neira, Fiscal General de la Nación, en la ceremonia de instalación de la XXIX Asamblea de ANlF.

La democracia, como sistema político donde los ciudadanos eligen libremente a sus representantes y éstos tienen la obligación de defender el Estado de Derecho y el interés público, es esencialmente dialéctica. Mediante el debate de las ideas debe procurar consensos, para la formación de políticas públicas útiles a la sociedad, en las que se sientan representados los distintos espectros de una nación.

fiscalia-ciudadano

Por ello mismo, la calidad de la democracia depende de la calidad de la representación en el gobierno y en las corporaciones públicas. Cuando la controversia ideológica es pobre o mezquina se resiente el mecanismo de la representación, se afecta la esencia de la democracia y se generan impases institucionales, ante la imposibilidad de generar consensos.

En este contexto, puede afirmarse que nuestra democracia puede sufrir una grave amenaza si la representación política no privilegia el debate de las ideas y termina siendo capturada por quienes acuden al foro solamente para servir sus intereses personales y para acceder a las rentas del Estado para su propio beneficio.

WEB(2)

Esta consideración es la que debe llevarnos a expresar una profunda preocupación por la irrupción en la vida colombiana, en los últimos lustros, de una clase emergente, cuyo único ideario es el enriquecimiento desmedido a partir de la apropiación del patrimonio ajeno o del patrimonio público.

Su consigna es el “todo vale”. Corresponde a una herencia que el narcotráfico ha dejado en la sociedad colombiana: la cultura del dinero fácil.

Por un lado, están quienes llegan a la administración pública o a las corporaciones públicas con el propósito de llenar sus alforjas. No lo disimulan y se enriquecen con la complicidad de muchos, mediante todo tipo de argucias: cobrando comisiones, haciendo pliegos licitatorios a la medida de sus amigos, contratando una y otra vez la misma obra, adjudicando contratos a dedo y a precios exorbitantes, robándose los recursos públicos o dejando que otros se los roben.

De otro lado están los ciudadanos que en la vida privada también remontan los límites de la axiología y en su relacionamiento con el Estado son la otra cara de la corrupción, bajo el bien entendido que para el cohecho se necesitan por lo menos dos partes: los que piden y los que pagan.

La lucha contra este flagelo: La hora de la justicia

Frente a esta realidad, es imposible hacerse el de la vista gorda. No solo por lo que esto significa desde el punto de vista de la degradación en una sociedad, sino porque la indiferencia frente a este flagelo puede terminar expropiándonos la misma democracia.

En efecto, la corrupción está deteriorando cada vez más la democracia en lo local, afectando la credibilidad del ciudadano en su institucionalidad más próxima. Si nada se hace, los nuevos protagonistas de la política municipal, llegarán a ser gestores de la democracia departamental, como ya ha venido ocurriendo en algunas regiones del país, y -una vez extendidos a este nivel- finalmente habrán de capturar la vida nacional, para imponer su nueva filosofía en la que “lo público es lo privado de esta clase emergente de la dirigencia nacional”.

Frente a estas dubitaciones tiene que concluirse que la lucha contra este flagelo debe ser sin cuartel. Debe constituir una prioridad dentro de las políticas públicas. En el pasado hemos confiado a la sociedad civil y a la prensa libre la conducción de esta lucha. Pero no ha sido suficiente. A los corruptos no les importa siquiera la estigmatización que producen los titulares de prensa. Por eso, ¡llegó la hora de la justicia!. Sólo a partir del poder disuasivo de penas condignas, nuestra sociedad podrá recuperar el tejido ético de la nación. Así ha venido ocurriendo en otras latitudes de nuestra América Latina: Guatemala y Brasil, para citar algunos casos.

Colombia tiene suficientes normas contra la corrupción. Yo mismo promoví como Ministro de Justicia el Estatuto Anticorrupción de 1995 (Ley 190 de 1995). El desafío es aplicarlas y pasar del “dicho al hecho”.

¡No más indiferencia! ¡No más condescendencia! Lo más grave es convivir con esta patología social sin tratamiento de choque, como nos ha venido ocurriendo.

Por ejemplo, frente al desempeño de muchas corporaciones autónomas regionales, que han resultado inferiores al mandato que les entregó la Constitución de 1991, el Estado ha optado por seguir adelante y convivir con esa situación, sin confrontar la realidad. En el Plan de Desarrollo vigente -Ley 1753 de 2015- se optó por un trámite especial para llevar adelante los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico -PINES-, previa selección del gobierno nacional, con el fin de hacerlos viables y tramitarlos ante las autoridades nacionales. Los restantes que se sometan a la liturgia non santa de su tramitología regional.

Plan “Bolsillos de cristal”

La Fiscalía cumple un papel fundamental en la lucha contra la corrupción. Hemos sellado una estrategia con el gobierno nacional para priorizar las investigaciones en esta materia, en los distintos sectores de la vida nacional, que habrá de producir un ejercicio profiláctico sin precedentes, sin miramientos, ni privilegios.

Ya iniciamos. Para empezar, en estos dos meses la unidad nacional de fiscales contra la corrupción ha sido fortalecida y antes de finalizar el año contará con el doble de fiscales que tenía al comenzar mi gestión. En lo territorial hemos privilegiado la investigación de casos emblemáticos, que de no valorarse pueden llegar a constituir monumentos a la impunidad, como por ejemplo el abandonado edificio de la Policía Nacional en Bogotá o el Plan de Aguas de la Guajira, para citar algunos casos.

Antes de finalizar el año, el país conocerá los resultados de las investigaciones que hemos priorizado por su relevancia e impacto frente a la integridad del patrimonio; su desafío a los valores públicos y privados y la privación de bienes públicos.

–              Las venas rotas del presupuesto

Con el Departamento Nacional de Planeación hemos echado a rodar investigaciones en materia del Sisben y de regalías, que han terminado por ser venas rotas de nuestro presupuesto.

Como ustedes lo saben, el Sisben es el sistema diseñado para certificar las personas que merecen recibir subsidios del Estado en diferentes frentes, que se pagan con nuestros impuestos. Las más recientes cifras del Departamento Nacional de Planeación indican que en Colombia, de una población de 48 millones de habitantes, había 37,2 millones de personas inscritas ante el Sisben. Esta cifra no revela nada irregular, en principio, porque el acceso a los subsidios del Estado depende del puntaje que cada persona tenga en el Sisben. Pero entre esos 37,2 millones de colombianos hay muchos vivos, muy vivos, que NO se merecen los subsidios diseñados para los más pobres.

Y ahí surgen las sorpresas. En un primer análisis hecho por Planeación Nacional se descubrió que más de 87 mil personas de las inscritas en el Sisben ganan más de 3,8 millones de pesos al mes. Son miles las personas que horadan la integridad de la información al momento de diligenciar las declaraciones del sistema, para obtener un puntaje bajo. Hemos pillado personas de estratos altos que fungen en las fichas como personas de bajos estratos para usurpar beneficios de los más necesitados.

Ellos verán prontamente la acción de la justicia. Como también investigamos la presunta red de servidores públicos y mandatarios que cohonestan estas prácticas.

Esperamos que los ciudadanos conozcan la gravedad de estas conductas a partir del ejercicio de la acción penal a cargo de la Fiscalía, hasta cuando se depure totalmente el sistema.

También hemos seleccionado con el DNP varios casos de fragilidad evidente en la administración de las regalías por parte de los entes territoriales.

–              La salud

La salud es una de las principales revoluciones sociales de nuestros tiempos. Pero está siendo amenazada en integridad financiera, porque se ha convertido en la mina de la corrupción.

Por ello he creado un grupo especial de fiscales cuyo principal propósito es investigar en el sistema general de salud y seguridad social los delitos que hayan sido cometidos por sus estructuras internas.

Los frentes de trabajo son diversos: indagamos lo ocurrido en Saludcoop, la contratación de Cafesalud, la desviación de recursos en Coomeva, cuya cifra investigada asciende a 2.962 millones de pesos; el deterioro patrimonial de Caprecom por 1.292 millones de pesos, las denuncias frente a la Nueva EPS por valor de 1.000 millones de pesos y los multimillonarios recobros al Fosyga.

–              La lista la encabeza el hospital público Erasmo Meoz, de Cúcuta, con un monto de 20 mil 571 millones de pesos.

–              Le sigue Saludcoop, con más de 20.000 millones de pesos.

–              Después, el Hospital San Vicente, de Arauca. La denuncia es por 3.045 millones de pesos.

–              Y luego la Clínica San Francisco, de Tuluá, donde los cobros indagados son de alrededor de 670 millones de pesos.

No descansaremos hasta asegurar que los recursos de la parafiscalidad del sistema estén preservados y que la debilidad financiera de nuestro modelo de salud no tiene origen en la corrupción.

Los Macropoyectos

La integridad patrimonial de los macroproyectos está en la lupa de nuestros fiscales. El más importante, sin duda, es Reficar en el que las indagaciones, aunque son muy complejas, avanzan con pie firme y a estas alturas son objeto de privilegiada cooperación judicial internacional.

Coadyuvo personalmente el alcance de esta investigación y estoy en condiciones de asegurarle al país que sus resultados se conocerán en el curso de este trimestre.

Hablamos de un proyecto de más de 8 billones de dólares.

–              Mallas de contratistas regionales

El Auditor General de la Nación ha puesto en nuestro conocimiento la existencia de 78 mallas de contratistas que operan en diferentes departamentos del país.

En esas mallas coinciden los socios, los revisores fiscales, los interventores, etc.

Según el Auditor, en los últimos dos años las entidades territoriales contrataron más de 20 billones de pesos. De ese monto al menos 8,1 billones de pesos fueron contratados por dichas mallas empresariales y en muchos casos a través de oferente único.

De acuerdo con la denuncia de la Auditoria, una sola de esas mallas recibió contratos por 6,1 billones de pesos, a través de 801 consorcios y uniones temporales en 29 departamentos del país.

Esas mallas han recibido contratos en temas tan sensibles como infraestructura, transporte, vivienda, agua y saneamiento básico, alimentación escolar, salud, y seguridad y vigilancia, particularmente en los departamentos de Antioquia, Casanare, Cesar, Córdoba, Meta y Santander.

Hemos iniciado su investigación, de manera complementaria a las indagaciones estructurales que hemos iniciado en las distintas regiones con equipos nómadas que hacen presencia en el territorio. Empezamos con la Guajira y seguimos con Córdoba, Chocó, Magdalena, Meta, Nariño y Sucre, entre otros departamentos priorizados.

–              La justicia

Otro de los sectores en los que hemos centrado nuestro interés es en el de la integridad de nuestra justicia. Allí indagamos problemas estructurales -como el del reparto judicial- y casos emblemáticos. El mensaje en este sector no puede ser menos contundente. E implica mirar nuestro propio ombligo, porque la Fiscalía solamente puede actuar con legitimidad, a partir de su propia integridad moral.

–              Corrupción Privada

No menos importante son las investigaciones que adelantamos en el sector privado. De ellas quiero destacar en esta ocasión el caso de Panamá Papers, donde avanzamos a pasos agigantados con la colaboración de la DlAN.

Las líneas investigativas han surgido de una investigación de contexto y de asociación de casos, del que surge la necesidad de investigar el papel de los abogados, de los contadores públicos e –inclusive- de instituciones financieras nacionales, en la consumación de conductas asociadas a este proceso.

Panamá Papers no será una investigación de anaquel y permitirá develar sus ramificaciones internacionales.

La lucha contra la corrupción es global

Los Ministerios Públicos y Ias Fiscalías del mundo estamos completamente articulados hoy en día. La Iucha contra la corrupción es global y ya no existe refugio para la impunidad, frente a un delito que ha terminado por extenderse más allá de las fronteras nacionales.

Es por esto que nuestra victoria contra la corrupción, en la etapa que estamos reinventando, conocerá resultados en las investigaciones con el concurso de autoridades extranjeras. En particular, porque la persecución de la corrupción será en vano si se limita a la punibilidad de sus actores y no se extiende a la incautación de los patrimonios ilícitos, muchos de los cuales han terminado en paraísos fiscales y en sistemas financieros internacionales.

Lo que no han comprendido los corruptos es que en su designio criminoso, al tocar otras jurisdicciones con sus activos ilícitos, han terminado por comprometer su responsabilidad personal por causas de conspiración y de lavado de activos en otras jurisdicciones.

Frente a esta realidad y en el afán de hacer de la lucha contra la corrupción una causa ecuménica, creo que el Estado colombiano debe ofrecer en extradición a esta clase de delincuentes, como en su momento lo hicimos con los narcotraficantes.

¡La lucha contra la corrupción es internacional y va en serio¡ No vamos a desfallecer en este empeño… al menos hasta que volvamos a ver que los bolsillos de los servidores públicos son de cristal.

 

AMC / AAEA