Desfavorable gestión de la Rama Judicial en 2014: Contraloría General

Comunicados Contraloria

 

COMUNICADO DE PRENSA No. 191

                                 

Como desfavorable calificó la Contraloría General

gestión de la Rama Judicial en la vigencia 2014

 

*Continúa deficiente ejecución de los proyectos de inversión de la Rama Judicial.

 

*Entre 2010 y 2014, el CSJ pagó $25 mil millones de intereses moratorios en fallos en su contra.

 

*A pesar de que la entidad invirtió los recursos asignados en el cuatrienio 2011-2014 para la Rehabilitación del edificio en el Centro Administrativo Nacional, modernizar el Palacio de Justicia de Cali, y construir el de Acacías, las obras no se encuentran completamente terminadas y algunos no están aún aptos para su uso.

 

* La CGR emitió opinión negativa sobre los estados financieros del CSJ, por inconsistencias superiores a los $4.4 billones de pesos, correspondientes al 20% del total de sus activos, lo que impidió a su vez que se feneciera su cuenta fiscal.

 

*Se evidencia incertidumbre sobre el costo de la descongestión judicial y los cargos creados en el período 2010-2014.

 

Bogotá, 19 de octubre de 2015.- La gestión fiscal adelantada por el Consejo Superior de la Judicatura, como ejecutor de los recursos asignados a la Rama Judicial, no pasó el examen que realizó la Contraloría General de la República al auditar la vigencia 2014.

El organismo de control conceptuó como desfavorable su gestión y resultados, no feneció su cuenta y emitió opinión negativa sobre sus estados contables para la vigencia pasada.

En desarrollo de esta auditoría, se establecieron 84 hallazgos administrativos, 12 de ellos con presunta connotación disciplinaria.

Para la CGR, la gestión de la entidad tuvo un concepto desfavorable en la vigencia 2014, pues persiste la incapacidad del CSJ para ejecutar oportunamente los recursos de inversión entregados a la Rama Judicial, lo que se refleja en recortes de apropiación y constitución de reservas presupuestales.

En el presupuesto de 2014 se aprobaron a esta entidad recursos de inversión por $447.719 millones – incluyendo adiciones presupuestales. Sin embargo, ese monto se redujo en un 40% ($179.340 millones), con lo cual la apropiación definitiva pasó a ser de $268.379 millones.

Y, por falta de oportunidad en la aprobación de los planes de inversión y de gestión de las Unidades Ejecutoras del CSJ a cargo de los proyectos,  quedaron $57.592 millones en reserva presupuestal (con lo cual se excedieron los límites establecidos en la norma presupuestal).

Esto quiere decir que para la vigencia 2014 la ejecución de la inversión de la entidad tan solo llegó al 47% del valor asignado, monto que asciende a $210.787 millones.

También generó para la vigencia 2014 una “pérdida de apropiación presupuestal” en los recursos de inversión del 7%, que en valores absolutos es representativo pues asciende a $17.873 millones, dado que la apropiación presupuestal fue de $268.379 millones y los compromisos ascendieron a $250.506 millones.

Esta situación se debe a la falta de oportunidad y celeridad en las decisiones por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en la aprobación de los planes de inversión, consideró la CGR.

Pagos por de intereses por $25 mil millones, en fallos en su contra

Al hacer análisis del pago de sentencias de 2010 a 2014, se evidencia que el Consejo Superior de la Judicatura no dio aplicación a los principios de celeridad, economía, eficacia y eficiencia, ya que desde 2010 el 39% de los recursos que canceló por concepto de fallos en su contra, correspondieron a pago de intereses por mora ($25.108 millones).

Esta situación se presenta por déficit del presupuesto asignado en cada vigencia para esta erogación, es decir, la asignación presupuestal no incluye la totalidad de los recursos para atender los fallos ejecutoriados con requisitos plenos para pago, por lo que se presentan lapsos superiores a los establecidos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 entre la ejecutoria y su pago, afectando el pago de otras obligaciones a cargo, generando causación y pago de intereses moratorios a los beneficiarios de los fallos, en contra del erario.

Adicionalmente, al iniciar la vigencia 2015, el CSJ tenía 580 fallos ejecutoriados en su contra por $96.150 millones, sin embargo, en el presupuesto de la vigencia fueron aprobados recursos por $46.000 millones para este rubro, lo que permite concluir que solamente se podrá atender el 48% de las obligaciones a cargo de la entidad.

Obras sin terminar

 

En la auditoría al CSJ se determinó que a pesar de que la entidad invirtió los recursos asignados en el cuatrienio 2011-2014 para la Rehabilitación del edificio en el Centro Administrativo Nacional,  modernizar los Palacios de Justicia de Bogotá y Cali, y construir el de Acacías, las obras no se encuentran terminadas ni algunos están aptos para su uso.

Esta observación se refiere específicamente a las obras contempladas en los Contratos 181 de 2011 para la rehabilitación del CAN,  151 de 2012 para la rehabilitación del Palacio de Justicia de Cali y 193 de 2013 para la construcción del Palacio de Justicia de Acacías.

La CGR señaló deficiencias en la planeación de los proyectos de inversión y dijo que los costos que genera el pago de contratos de arrendamiento durante este cuatrienio (2011-2014) afectan los recursos del presupuesto.

Inconsistencias contables superiores a los $4.4 millones

La CGR emitió opinión negativa sobre los estados financieros del Consejo Superior de la Judicatura, por inconsistencias superiores a los $4.4 billones de pesos, correspondientes al 20% del total de sus activos, lo que impidió a su vez que se feneciera su cuenta fiscal.

El mayor porcentaje de las glosas consistió en la indebida clasificación de cartera prescrita, que por su elevado monto llevó a que se incrementara injustificadamente el total de activos de los que dispone la entidad.

Así mismo, la CGR objetó la sobrestimación de algunas cuentas del activo, la falta de inventario físico y la insuficiente provisión para pago de sentencias, por deficiencias en la clasificación de los procesos en contra según su estado.

Incertidumbre sobre el costo de la descongestión judicial

Un tema que miró también esta auditoría de la CGR al CSJ es el de la descongestión judicial en el período 2010-2014, donde se evidenció que se presenta incertidumbre sobre el costo de la medida y los cargos creados en este período.

Al hacer seguimiento de las medidas y los recursos invertidos para descongestión en el cuatrienio 2010 – 2014, se observó que no hay correspondencia entre en las cifras reportadas por la Unidad de Análisis y Desarrollo Estadístico- UDAE, las reportadas por la Unidad de Planeación, y las consignadas en el Informe al Congreso 2014.

La Unidad de Planeación reportó que se ejecutaron recursos para esta medida por $470.470 millones, mientras la UDAE dice que se crearon 9.206 cargos por $470.152 millones. Y en el Informe al Congreso 2014, la UDAE asegura que se crearon 6.564 cargos por $470.424 millones.

Igual situación se presenta con las cifras que se muestran en los informes al Congreso de 2010 a 2013, las cuales no cruzan con el Informe “Balance Medidas de Descongestión 2010-2013” y con los datos reportados por la entidad como insumo para la elaboración del Informe de Políticas Públicas sobre Descongestión Judicial 2010-2013 a junio de 2014 realizado por la CGR.

Según la UDAE para la ejecución del Plan 2013, la entidad invirtió recursos por $445.991 millones, y para Planeación el costo de la medida fue de $446.649 millones