Defensor del Pueblo propone trasladar irregularidades del Sisbén a organismos de control

 

El Director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria, y y el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, durante la rueda de prensa ofrecida para denunciar ante el país, presuntas anomalías en listas de beneficiarios del Sisbén.

Jorge Armando Otálora Gómez advirtió que tras los hallazgos de Planeación Nacional en este tema, puede haber casos de peculado, falsedad en documento y fraude procesal.Al reconocer la iniciativa del Departamento Nacional de Planeación, para poner al descubierto presuntas anomalías en las listas de beneficiarios del Sisbén y para depurar las bases de datos que permiten el acceso a 16 programas sociales del Estado, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, propuso trasladar las irregularidades encontradas a la Comisión Anticorrupción que integran los organismos de control.

El Jefe del ente humanitario dijo que es necesario llamar la atención de los alcaldes, para que desde las regiones se haga un seguimiento detallado de quienes parecen como beneficiarios, y en lugar de que la politiquería sirva como medio para validar coberturas innecesarias, se garanticen los derechos de los más pobres.

Otálora Gómez manifestó que detrás de situaciones como la inclusión de personas fallecidas, el cambio injustificado de vivienda o capacitación de las personas, y la permanencia en el sistema pese a la asignación de ingresos superiores al estándar de afiliación, hay un claro detrimento patrimonial.

El funcionario señaló que en los casos flagrantes identificados por Planeación Nacional, pueden observarse conductas como el peculado, la falsedad en documento, e incluso el fraude procesal, y que por ello es necesario que estas anomalías sean revisadas en el marco de la Comisión Anticorrupción para que instituciones como la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, adelanten una investigación conjunta y apliquen las sanciones de rigor.

“No tiene presentación que en una crisis como la que afronta actualmente la salud en Colombia, estemos subsidiándole la salud a 653 mil personas que le están quitando el espacio al ciudadano de escasos recursos. Son dineros del Estado que se están tirando a la basura, y los organismos de control tenemos que enviar un mensaje claro a la sociedad”, concluyó el Defensor del Pueblo.

Según el Departamento Nacional de Planeación, del total de beneficiarios suspendidos como consecuencia de estos hallazgos, hay 457 mil fallecidos, 83.330 con ingresos mensuales por encima de los 3 millones 800 mil pesos, 80.735 personas más con cambio de vivienda sin soporte y 32.078 beneficiarios con cambios injustificados en otras variables, como la educación.