De parques a predios particulares
- El caso de los predios de cesión obligatoria entregados por Argos al Municipio de Puerto Colombia y posteriormente transferidos a particulares en 2017.
Los dos predios entregados por Cementos Argos al Municipio de Puerto Colombia en 2009 y 2011 fueron cedidos como áreas de cesión obligatoria, una figura jurídica que convierte el suelo en bien de uso público, destinado exclusivamente a parques, zonas verdes y espacio público.
- Por mandato legal, estos bienes son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y su transferencia a particulares está prohibida por la Ley 388 de 1997, el Código Civil y la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Sin embargo, en noviembre de 2017, durante la administración del entonces alcalde Steimer Mantilla Rolong, se expidieron resoluciones que entregaron a título gratuito estos predios a particulares y empresas privadas.
- El lote mayor, de 33.637 m², fue fragmentado en cinco porciones; y el segundo, de 5.082 m², fue cedido mediante la Resolución 049 de 2017.
La operación se sustentó en la figura de “bienes fiscales”, pese a que las escrituras y el plan parcial demostraban que se trataba de cesiones urbanísticas obligatorias, no susceptibles de enajenación.
- La irregularidad fue denunciada públicamente por el empresario Christian Daes, quien descubrió que el terreno donde debía construirse un parque aparecía inscrito a nombre de un particular.
Su denuncia fue amplificada por Zona Cero, El Heraldo y por Jorge Segebre, presidente de Camacol Atlántico, en un comunicado de las últimas horas, quien calificó los hechos como posibles delitos de fraude procesal, falsedad documental y actuaciones notariales irregulares.
- Entre 2024 y 2026, la Oficina de Registro de Barranquilla, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Fiscalía han intervenido.
En el caso del predio menor, la inscripción fue revocada por tratarse de un bien de uso público; el particular impugnó y el expediente continúa en revisión.
- En el predio mayor, el municipio adelanta acciones administrativas y penales para recuperar la totalidad del terreno, alegando que la cesión de 2017 violó normas urbanísticas y principios de protección del espacio público.
Hoy, ambos predios se encuentran en disputa jurídica activa, con investigaciones abiertas y con la posición reiterada de Argos: la empresa cumplió con la entrega legal de las zonas de cesión, y cualquier transferencia posterior fue responsabilidad exclusiva de la administración de Puerto Colombia.
- El desenlace dependerá de decisiones judiciales sobre la validez de las resoluciones de 2017 y la autenticidad de los documentos que sustentaron la transferencia.
AlianzaEstrategica.Info
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