La Procuraduría destaca medidas cautelares contra Odebrecht

La Procuraduría General de la Nación destaca la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de acoger las medidas cautelares, propuestas en la acción popular presentada por el Procurador Fernando Carrillo Flórez, para la viabilidad del proyecto Ruta del Sol tramo 2, con el retiro de Odebrecht y la estabilidad de los derechos de los trabajadores.

Se destaca la celeridad con la que, en 10 días hábiles, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca respondió la solicitud del Procurador en este caso.

 

La Procuraduría considera necesario explicar el alcance de las decisiones de la importante providencia del Tribunal Judicial:

A. Se declaró la suspensión provisional de los efectos del Contrato de Concesión 001 de 2010, junto con sus otrosíes, suscritos entre el Instituto Nacional de Concesiones, hoy Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. (hasta tanto se dicte sentencia de acción popular o se resuelva por el Tribunal de Arbitramiento la petición de nulidad del contrato).

B. Se ordenó al señor Presidente de la República que designe la entidad que deberá administrar el Proyecto Ruta del Sol, en ese período de transición.

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C. La providencia acoge la petición del Jefe del Ministerio Público  en el sentido de tomar posesión inmediata de las obras para evitar su paralización, mientras se estudia la declaratoria de nulidad del contrato.

D. El Tribunal acoge, igualmente, un punto esencial para el Ministerio Público: asegurar la estabilidad de los contratos laborales, de los subcontratos de obra, de suministro, de prestación de servicios y otros que hoy estén vigentes. La Procuraduría ha puesto especial énfasis en la defensa de los derechos de los trabajadores.

E. La decisión del tribunal judicial garantiza la viabilidad financiera del proyecto vial, con los ingresos provenientes de los peajes que actualmente recibe la Concesionaria y otras fuentes del presupuesto, los cuales serán destinados a continuar con la financiación del proyecto.

F. Se destaca la orden de embargar las cuentas, dividendos e inmuebles del señor Gabriel Ignacio García Morales, quien confesó haber vulnerado la moralidad administrativa y afectado el patrimonio público desde el INCO; al igual, que las de todas las personas naturales que participaron en Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. y de las sociedades que la conforman, en primera línea Odebrecht.

G. Por último conminó al Gobierno Nacional a velar por la correcta y eficiente ejecución de las obras y los recursos.

Frente a estas decisiones, la Procuraduría estima que se conjuró el vacío que había sufrido el proyecto, tras la renuncia de los miembros del tribunal de arbitramiento, hace dos días. También que hará prevalecer el interés superior de la sociedad sobre los individuos.

El Procurador celebra que se haya abierto el camino para evitar cuantiosas condenas al patrimonio público, que inicialmente sobrepasaban cerca de 800 mil millones de pesos.

Ante los nuevos hechos, el Procurador ordenó la conformación inmediata de una mesa de trabajo, compuesta por el Director de la ANI, Luis Fernando Andrade; el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso; y el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, Iván Gómez Lee.

La Procuraduría evalúa las medidas de reacción inmediata del Ejecutivo, en acatamiento de las órdenes del Tribunal Judicial, que permitan llegar a un pacto de cumplimiento con la Procuraduría, como entidad demandante.

De encontrar ese punto de conciliación entre el Ministerio Público, la ANI y la aprobación del Tribunal Administrativo, se superarán las mayores dificultades que los repudiables hechos de corrupción han ocasionado en el país.