Inversiones públicas en zonas afectadas por el conflicto armado, enfrentan forzoso ajuste, dice el Contralor

Ante la estrechez fiscal

*Los entes territoriales pueden ver disminuidas las regalías en $3,4 billones, en el bienio 2015-2016, al tiempo que deberán aportar recursos propios adicionales, para cumplir las metas en educación y salud, dado el necesario ajuste que tendrá el Sistema General de Participaciones (SGP).

 

*Según el Contralor Edgardo Maya Villazón, los municipios mayormente impactados por el conflicto son los que menos capacidad fiscal tienen y en consecuencia, disponen de menos herramientas para asumir las responsabilidades que desde el nivel nacional se imponen.

 

*El jefe del organismo control considera que la captura de las rentas públicas que hicieron los actores ilegales que operaban en los municipios, ha tenido una directa incidencia en los resultados de la política social y económica.

 

 

Cartagena de Indias, 3 de junio de 2016.- El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, llamó hoy la atención por el forzado ajuste que enfrentan las inversiones públicas en departamentos y municipios afectados por el conflicto armado interno en el país.

 

El jefe del organismo de control consideró que los municipios y departamentos que por muchos años han padecido la violencia, se enfrentan ahora a una paradoja: si bien se podrán beneficiar con la transición a la paz, al tiempo tendrán que afrontar la estrecha situación fiscal actual y realizar ajustes en el destino de las inversiones públicas.

 

“Esa transición va a darse en una situación fiscal estrecha que implicará en muchos casos revisar el ciclo de las políticas, medir su real impacto y ajustar allí donde no son eficaces”, señaló el Contralor al intervenir en la Segunda Jornada del Seminario “Aprendizajes y Retos de la Inversión Pública por el Conflicto Armado Interno en Colombia”.

 

Recordó el Contralor que el grueso de los recursos que eventualmente se inviertan como resultado de los acuerdos para el fin del conflicto, estarán destinados a la transformación rural, los planes nacionales para las políticas de desarrollo productivo y social, la infraestructura, los servicios y, además, la atención de la población víctima del conflicto armado, que a cifras de hoy asciende a 8 millones 40 mil personas en todo el territorio nacional.

 

A pesar del tamaño de los retos, se prevé una disminución en las regalías pues el sólo panorama del primer trimestre del 2016 dejó una producción de petróleo por debajo del millón de barriles diarios, indicó.

 

La Contraloría General de la República ha calculado que, para el bienio 2015-2016, la reducción de regalías se aproximará a los $5,4 billones de pesos y en el caso de las entidades territoriales sería exactamente de $3,4 billones.

 

También se ha advertido un necesario ajuste del Sistema General de Participaciones, lo que traerá nuevos retos para los territorios, pues para cumplir las metas previstas en educación y salud, será necesario aportar recursos propios adicionales por encima de los provenientes del SGP, sumado a las necesidades cada vez más apremiantes en materia de infraestructura local y regional, añadió Maya Villazón.

 

Otro tanto acontece con la política de víctimas y restitución de tierras para la cual el Gobierno Nacional ha expedido una estrategia de corresponsabilidad entre la nación y los territorios, a fin de distribuir las competencias en la implementación de la ley. 

 

No obstante, los municipios mayormente impactados por el conflicto son los que menos capacidad fiscal tienen y en consecuencia, disponen de menos herramientas para asumir las responsabilidades que desde el nivel nacional se imponen, afirmó el Contralor Maya Villazón.

 

Auditorías a los municipios priorizados en consolidación

 

Al Seminario “Aprendizajes y Retos de la Inversión Pública por el Conflicto Armado Interno en Colombia” asistieron los Alcaldes y Secretarios de Planeación de 21 municipios afectados por el conflicto armado:

 

Cartagena del Chaira, San Jacinto, Barbacoas, Magui, Tumaco, Quibdó, Buenaventura, Santander de Quilichao, Caloto, Caucasia, Taraza, Chaparral, Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Ovejas, Puerto Rico, Mapiripan, Tibú, Tierralta, Arauca, y Toribio.

 

También estuvieron presentes gobernadores y Secretarios de Gobierno de los departamentos de Arauca, Sucre, Bolívar, Chocó, Putumayo, Córdoba, Norte de Santander y Antioquia.

 

Como resultado de un acuerdo de trabajo que suscribió la CGR con la Embajada de los Estados Unidos, desde el año 2014, el organismo de control practicó auditorías sobre la gestión y resultados de las administraciones municipales y departamentales que, entre los años 2012 al 2015, ejecutaron los recursos del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías, y ejercieron un rol articulador en la implementación de la política de víctimas.

 

Las auditorías se realizaron en los municipios que en su momento fueron priorizados por el gobierno en la estrategia de consolidación, a fin de generar condiciones de paz en territorios estratégicos para el desarrollo económico y social, en regiones que han sido sensiblemente afectadas por décadas de violencia armada.

 

Retos de los nuevos mandatarios

 

Con este Seminario, destacó el Contralor, la CGR ha querido compartir el balance de gestión y resultados de las administraciones que concluyeron el pasado mes de diciembre su mandato y los retos que en adelante surgen para las administraciones entrantes, para afinar esos mecanismos y procurar una mayor eficacia, eficiencia y economía de los recursos.

 

“Tal como se ha insistido en distintos textos, el fortalecimiento de las instituciones municipales ha sido indispensable para mejorar la gobernabilidad, fortalecer la democracia y conseguir la paz. Al menos, así lo quiso la Asamblea Nacional Constituyente al diseñar los instrumentos que hoy conocemos y de los cuales dispone el Estado”,  afirmó el Contralor Maya Villazón en su intervención.

 

Sin embargo –señaló- también hay críticas de que esa visión fue meramente instrumental pues creó un contexto sin tener en cuenta la real capacidad de los destinatarios, es decir, de los entes territoriales.

 

“Fue así como la intención democrática de pensar la descentralización y democratización se cruzó con la presencia de los actores ilegales que operaban en los municipios, que fueron motivados por la captura de las rentas públicas”, anotó.

 

Para Maya Villazón, esta captura del Estado ha tenido una directa incidencia en los resultados de la política social y económica.

 

Según el Contralor, los alcaldes y gobernadores para el periodo 2016-2019 tienen la enorme responsabilidad de poner a prueba un nuevo entendimiento del Estado.

 

“Parafraseando a Churchill, los políticos de este tiempo y de este contexto de transición del conflicto, podrán convertirse en estadistas cuando comiencen a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”, subrayó.

 

“Se trata entonces de construir condiciones sociales y políticas para que los municipios y departamentos salgan fortalecidos, para que el discurso de la democracia local que se busca en la Constitución Política opere realmente”, concluyó.