“Hay que acabar la detención domiciliaria para los corruptos”, dice el procurador

• “Es inaceptable que ese señor (Guillermo Pérez Ardila) que está siendo señalado como jefe del cartel de la hemofilia esté disfrutando de detención domiciliaria”.
• “Creemos que lo que falta es ciudadanía, veeduría, denuncia, vigilancia en el caso de lo que va a pasar en la prestación del servicio de energía”.
• “Con lo que también vamos a terminar es con que las Procuradurías Regionales sean instrumentos de persecución política”.

“Es inaceptable que ese señor (Guillermo Pérez Ardila) que está siendo señalado como jefe del cartel de la hemofilia esté disfrutando de detención domiciliaria”, insistió.

Anunció que en las últimas horas la Procuraduría presentó en la Presidencia una Directiva que contempla un conjunto de procesos para la protección de líderes sociales y de derechos humanos y pidió que esta estrategia también haga parte de las políticas de carácter departamental.

Sobre la participación de los veedores ciudadanos en las Comisiones de Moralización departamental y municipal, el Procurador General anunció que pedirá al alcalde y al gobernador abrir las puertas porque “no pueden ser comisiones a puerta cerrada”.

Adicionalmente, planteó a los ciudadanos la posibilidad de trabajar en una estrategia de control a nivel regional y citó el caso de Electricaribe que por los problemas que presenta no puede ser contemplado como un tema local.

Derecho a la salud de los indígenas

Sobre la EPS indígena Manexka, que contaba con 210.000 afiliados y fue liquidada por la Superintendencia de Salud en marzo pasado, el jefe del órgano de control se declaró partidario de un debate sobre la prestación del servicio de salud que garantice los derechos de los usuarios.

Frente a las denuncias sobre afectación al medio ambiente, especialmente en lo que tiene que ver con la contaminación al río Sinú, el jefe del Ministerio Público dijo que “los ríos son sujetos de derechos por parte de la comunidad” y lamentó que en la agenda pública el medio ambiente esté en segundo plano.

Invitó a ambientalistas y veedores a pedirle a la Corte Constitucional una protección similar a la ordenada en el caso del río Atrato.

Agregó que se debe exigir a los mandatarios locales el cumplimiento de los Planes de Ordenamiento Territorial, de Planes de Contingencia, de Gestión de Riesgo, para que se puedan evitar tragedias como las sucedidas en los últimos días e insistió en su denuncia de que en las Corporaciones Autónomas Regionales “gobierna la politiquería”.

Nuevo Procurador Regional de Córdoba

Al inicio de la audiencia, Carrillo Flórez posesionó a Nicolás José Barguil Flórez, como nuevo Procurador Regional de Córdoba. Es abogado de la Universidad Javeriana, donde se conocieron y fueron compañeros de clase.

“Con lo que también vamos a terminar es con que las Procuradurías Regionales sean instrumentos de persecución política. Eso se acabó y como ustedes lo saben para renovar el equipo declaramos insubsistentes a los procuradores regionales y provinciales del país.

Aseguró que para la Provincial de Montería se va a “escoger una persona que responda a los méritos”.

Fuentes de la Entidad rechazaron que al nuevo Procurador se le quiera vincular con el representante a la Cámara, David Barguil.