Exmagistrado Ricaurte, acusado de conformar una organización criminal

Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte expresidentes de la Corte Suprema. Foto revista Semana.

Medida de aseguramiento contra exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte

Bogotá. 22 de septiembre de 2017
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 40 Penal de garantías de Bogotá profirió medida de aseguramiento en contra del exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Javier Ricaurte Gómez.

Al ex alto funcionario judicial deberá responder en juicio por incurrir presuntamente en los delitos de concierto para delinquir agravado, en calidad de autor; dos cohechos propios a título de interviniente; tráfico de influencias de particular y utilización indebida de información oficial privilegiada a título de interviniente.
Los hechos relatados por un fiscal delegado ante la Corte Suprema lo vinculan con 6 eventos delictivos en los que en calidad de exmagistrado y otros que, ostentando tal dignidad, habría favorecido a congresistas y gobernadores investigados por hechos de corrupción y nexos con grupos al margen de la ley.
En primer lugar, sostuvo el delegado de la Fiscalía, se le señala de conformar una organización criminal, integrada presuntamente por el actual magistrado de la Corte Suprema, Gustavo Malo Fernández, el ex fiscal anticorrupción Gustavo Moreno Rivera y el abogado Leonardo Pinilla Gómez.
Agregó que estas personas al parecer “se reunían periódicamente en la residencia del exmagistrado Ricaurte o la del exmagistrado de la Sala Penal del alto tribunal, José Leónidas Bustos, o en lugares públicos como hoteles, reconocidos restaurantes o incluso fuera del país, como sucedió a finales de 2014 en el Hotel Marriott en Miami (Estados Unidos)”.
Relató que “a mediados del año 2013 el exmagistrado Ricaurte conoció al exfiscal Gustavo Moreno a través de Leonidas Bustos, y por esa época, citó a su apartamento al entonces abogado Moreno Rivera para explicarle la manera de operar de la organización y como manejarían los procesos”.
“Era usted señor Ricaurte el que referenciaba a los congresistas, políticos o gobernadores de quien se supiera que estaban en etapa de indagación o investigación, ya fuera en la Corte o en la misma Fiscalía”, explicó el fiscal al solicitar la medida privativa de la libertad.
Al justificar su petición, el representante del ente acusador advirtió que Ricaurte en compañía de sus socios supuestamente utilizaban la información privilegiada, manipulaban testigos para cambiar versiones, instrumentalizaban a los medios de comunicación para desprestigiar o restar credibilidad a los testigos.
De la misma manera señaló que “esta organización incrustada en la justicia, desaparecía o alteraba evidencias y obtenía decisiones con apariencias de legalidad que favorecieran a sus clientes con la intervención de funcionarios del más alto nivel que tenían esos procesos a su cargo y a quienes también les daban dinero para hacerlo”.
“Si esto no funcionaba, simplemente dilataban en el tiempo los procesos”, agregó el fiscal durante la audiencia.

Hechos delictivos imputados por la Fiscalía
Como hechos jurídicamente relevantes con efectos penales, el ente acusador aseguró que Ricaurte Gómez deberá comparecer en juicio como presunto responsable del delito de cohecho propio en calidad de interviniente.

1. Caso excogresista Ashton Giraldo
Se relaciona con el excongresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo, a quien la Corte Suprema le adelanta varias investigaciones, entre ellas una por la presunta relación con el Bloque Norte de las Autodefensas, más exactamente con el Frente Pablo Elías que delinquía en el Atlántico.
La indagación preliminar se inició el 10 de octubre de 2012 y el defensor para esa época del señor Ashton fue el abogado Luis Ignacio Lyons España, y para el 2013 el magistrado ponente de esta actuación era Gustavo Enrique Malo Fernández y su auxiliar el doctor José Reyes, encargado del trámite del expediente.
Indicó el delegado acusador que el señor Ashton para evitar que fuera abierta oficialmente la investigación, así como para evitar la inminente captura, se comunicó de manera directa con Ricaurte, con quien se habría reunido días después en su apartamento, en el Consejo Superior de la Judicatura y en el Congreso de la Republica.
Reveló que aparentemente acordaron un precio de 1.200 millones de pesos para lograr el archivo del proceso, “al darse cuenta que no prosperaría en la Sala Plena de la Corte Suprema pusieron como ejemplo la improbabilidad de éxito, puesto que la tesis del exmagistrado auxiliar José Reyes era fuerte y proyectaba la captura del parlamentario Ashton Giraldo”.
Agregó el fiscal que “como consecuencia cambiaron la estrategia y decidieron dilatar en el tiempo la investigación, y con ello evitar la apertura formal de un proceso penal contra el congresista”.
“Usted señor Francisco Ricaurte instruyó a Luis Gustavo Moreno sobre el valor que debía cobrarse y la manera de repartir la cifra acordada, recibiendo aproximadamente 400 millones de pesos. También recibieron dinero José Leónidas Bustos, Lyons España, Gustavo Enrique Malo Fernández y el propio Moreno Rivera”, le indicó el fiscal al exmagistrado durante la imputación.
Añadió que posteriormente, se fue desaparecida toda prueba de las relaciones entre el exmagistrado Ricaurte y el investigado congresista Ashton Giraldo.
2. Caso Musa Besaile
El fiscal relacionó los hechos que tienen que ver con el excongresista Musa Besaile Fayad, vinculado a investigaciones preliminares por presuntos nexos con grupos paramilitares. “En este caso otra vez estuvo en la defensa el abogado Lyons España”, indicó el funcionario.
Al respecto, para el primer semestre de 2015, el dinero acordado fue enviado por Musa Besaile y ascendió a 390 millones de pesos. Fue entregado pasada la media noche en la oficina de Lyons España en el norte de la capital del país. Se presume que de ese dinero, Ricaurte recibió de manera directa 290 millones de pesos, sostuvo el delegado acusador.
Según el fiscal, “la segunda entrega del dinero fue en la residencia del exfiscal Moreno Rivera hasta donde llegó de nuevo el abogado Lyons España con 300 millones de pesos, dinero del que Moreno entrega a Ricaurte 250 millones”.
“Debido a que no aprobó que Moreno Rivera permitiera que Lyons se quedara con 150 millones, los 1.300 millones los recibió directamente del senador Musa Besaile, de ahí debían pagarle a Malo Fernández”, precisó el funcionario.
Igualmente señaló “que como no fue posible direccionar un auto inhibitorio a favor de Besaile, entonces se acordó sacar del alto tribunal al magistrado auxiliar José Reyes Rodríguez, quien se les convirtió en un obstáculo, una piedra en el zapato para la organización ilegal”.

3. Caso exgobernador de Córdoba
El tercer caso se relaciona con el exgobernador de Córdoba Alejandro Jose Lyons Muskus, quien según la investigación se contactó con el exmagistrado de la Corte Suprema Camilo Tarquino Gallego a través de una amiga en común, la exparlamentaria Muriel Benito Rebollo.
“Tarquino le aclaró a Muriel Benito Rebollo que no se trataba de un cobro de 30 millones de pesos para mejorar la imagen en los medios de comunicación, que en realidad era algo más serio y que tenía un costo de 20 mil millones de pesos, porque se trataba de un equipo de magistrados dedicado a esta misión, es decir, el de intervenir por los intereses de los procesados en esta clase de investigaciones”, enfatizó el delegado acusador.

4. Caso excongresista Julio Manzur
El cuarto evento imputado por la Fiscalía tiene que ver con el exparlamentario Julio Manzur Abdalá, por hechos ocurridos en Bogotá a mediados de diciembre de 2014, días antes de ser capturado por parapolítica.
Indicó que el excongresista recibió información privilegiada suministrada por Moreno Rivera, según la cual era inminente su captura pero que podía evitar el acto bochornoso con el pago de una alta suma de dinero.
Señaló el fiscal que “el señor Moreno Rivera le ofreció sus servicios de intermediación como abogado por 2 mil millones de pesos, cifra que Manzur rechazó y como consecuencia fue capturado el 24 de enero de 2015”.
“Al día siguiente en nombre de la organización, Moreno reitera sus servicios a través de familiares y le insiste en los 2 mil millones que serían repartidos entre el equipo de magistrados involucrados”, argumentó el fiscal.

5. Caso exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía
Este evento se relaciona con lo ocurrido en Bogotá, entre los años 2015 y 2016, cuando aparece vinculado el fiscal noveno delegado ante la Corte Suprema Alfredo Betín Sierra, quien para la época adelantaba varias investigaciones por presuntos actos de corrupción en el departamento vallecaucano, contra el exgobernador Juan Carlos Abadía.
“Usted señor Ricaurte y Betín Sierra acordaron por un lado orientar las investigaciones a decisiones de archivo, dos de la cuales se alcanzaron a proferir, y del otro, impedir que se hicieran imputaciones contra el exgobernador”, insistió el fiscal.

6. Caso Fonade
El sexto caso revelado por el fiscal es el relacionado con Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), entre los años 2014 y 2015, cuando el actual magistrado Malo Fernández tenía asignados los casos de relaciones entre congresistas y grupos paramilitares.
Entre el equipo de trabajo de Malo Fernández se encontraba el abogado Carlos Andrés Bula Dumar, cuyo hermano Alfredo Ramón Bula Dumar fue nombrado en abril de 2015 gerente del Fonade, nombramiento en el que intervinieron al parecer, además de congresistas, el magistrado Francisco Ricaurte Gómez.
Para la Fiscalía “esta entidad es reconocida como el fortín político de los congresistas Musa Besaile y Bernardo Elías”.
“Hay evidencia que permite inferir que en muchos casos relacionados con esta organización criminal, Fonade fue utilizado para hacer favores burocráticos, comercializar puestos en favor de unos de los procesados”, recalcó el fiscal al solicitar la medida de aseguramiento en un centro carcelario.
Por su parte el exmagistrado Ricaurte Gómez rechazó los cargos endilgados y advirtió que es víctima de testigos pertenecientes a organizaciones al margen de la ley.
CMRM/DLBM