Pocos países de América Latina tienen estrategias de fomento y apoyo a la televisión pública, y en solo tres de ellos el fomento es suficientemente fuerte como para construir una industria televisiva pública. Colombia es uno de esos países, cuya televisión pública ha mostrado un crecimiento inusitado en audiencia y calidad que no se veía desde hacía décadas.

Pero hoy, justo en el momento en que la TV pública demuestra con más argumentos su importancia y pertinencia en dicho país, el Congreso colombiano debatirá en plenaria un proyecto de ley que busca dejar un único regulador que se ocupe solo de las redes y la infraestructura, aislando totalmente el concepto de las comunicaciones como servicios de interés social primordial y, por tanto, dejando sin garantía de financiación a los contenidos y canales públicos.

No es el primer proyecto de este tipo que pasa por el Congreso de Colombia, pero es el que más lejos ha llegado, debido además a jugadas políticas que aprovechan los afanes propios de la terminación de la presidencia de Juan Manuel Santos. Solo basta que recordemos que hace un año un congresista presentó un proyecto de ley para llegar a un regulador convergente.

Está claro que existen intereses económicos que, con alianzas políticas, tratan de reducir las telecomunicaciones a muy pocos agentes del mercado y acabar por completo con la televisión pública y debilitar de paso a las privadas, dejando como única alternativa de entretenimiento la oferta internacional de programación.

Los dos enfoques sobre las comunicaciones

Los debates centrales de la regulación y la legislación sobre medios, desde el ataque de la FCC a la neutralidad de red hasta la aplicación concertada de cuotas de pantalla a las OTT por parte de la Unión Europea, ilustran las dos formas predominantes de ver las comunicaciones.

Tal vez pueda interesarle el artículo: ¿Es realmente necesario un regulador único convergente?

Por un lado, la visión estadounidense de las telecomunicaciones como un mercado cualquiera supone que la regulación solo debe mantener garantías para la competencia equitativa. La regulación de contenidos es mínima. Aún así, Estados Unidos mantiene una televisión pública y privada fuerte y activa, tal es el caso del sistema PBS, uno de los más potentes del mundo. A pesar del enfoque altamente mercantil de las comunicaciones, el país es muy consciente de la importancia social y cultural de una televisión fuerte.

Por el otro lado, Europa ve en la TV un servicio público de enorme importancia en la conformación social y cultural de los diferentes países. La regulación es exigente con todos los actores del sector, y lo sorprendente para muchos es que la mayoría de las compañías privadas comparten dichos principios y participan de manera muy proactiva en las concertaciones.

Tal vez pueda interesarle el artículo: Larga vida a la Televisión

En América Latina nos llegan las visiones y debates de las compañías multinacionales, pero sin la reflexión que los acompaña. Sin embargo, muchos países de la región pretenden adoptar modelos importados que no responden a las realidades propias.

América Latina tiene en general democracias débiles y altos índices de inequidad y graves problemas sociales. Estos problemas ameritan todas las estrategias posibles para fortalecer la participación ciudadana y la representatividad. Además, la mayor fortaleza de las sociedades latinoamericanas, su increíble riqueza cultural, se ve poco reflejada en las industrias privadas de contenidos, que optan siempre por la carta fácil de los estereotipos sociales y el mercantilismo.

Estos motivos son más que suficientes para sostener que la región requiere sistemas de medios públicos fuertes con financiación segura y autónoma. En el mundo de la convergencia, las industrias de contenidos son parte esencial del ecosistema de las telecomunicaciones. Y, cómo veremos en seguida, esto es lo que está en riesgo de prosperar la visión de las telecomunicaciones como una suma de antenas y cables al servicio de los contenidos extranjeros.

La imposición de un concepto estrecho de convergencia

En la agenda política de todos los países de la región ha aparecido con frecuencia el tema de la regulación convergente. Las recomendaciones de organismos como la OCDE insisten en la necesidad de una regulación que imponga las mismas reglas a todas las plataformas de comunicaciones por las que circulen los mismos servicios.

Hasta ahí, estamos de acuerdo. Como hemos reflexionado frecuentemente en nuestros artículos, la llegada de las OTT y los servicios interactivos y online han generado enormes asimetrías en las responsabilidades normativas y financieras entre operadores que circulan por diferentes plataformas.

Una regulación convergente no solo simplifica los trámites de los operadores y las relaciones de los usuarios con las entidades, sino que motiva una mejor competencia y la innovación en el mercado al reconocer que un mismo proveedor puede operar varias redes. También garantiza una mejor promoción y garantía de los derechos humanos al reconocer que los contenidos pueden circular por diferentes redes que serán evaluados y regulados en planos similares de responsabilidad.

Hasta aquí todo va bien. Pero los intereses comerciales pueden tomar un rumbo oscuro cuando pretenden desconocer la importancia capital de los medios en la configuración política, social y cultural de las comunidades y naciones. Cuando se considera que la regulación solo debe operar sobre redes y competencia, se mercantiliza completamente el sector y se desconoce que la verdadera función de las redes es conducir los contenidos para que lleguen a los usuarios.

El proyecto de ley que cursa actualmente en el Congreso de la República de Colombia, acabaría con la financiación de la televisión pública, pues fusiona FONTV con FONTIC, mediante un fondo único convergente que será administrado con criterios políticos por el  gobierno a través del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación MINTIC (Desconociendo todas las recomendaciones de la OCDE y UNESCO) destinando todas las contrapartidas del sector telecomunicaciones para proyectos principalmente del sector TIC, desfinanciando completamente a los canales públicos del país como Señal Colombia y los 8 canales regionales, que se encuentran en su mejor momento histórico y fueron nominados para más de 90 premios India Catalina y ganaron en total 30 de ellos, frente a solo 6 premios obtenidos por los canales privados y cuyo modelo de financiación ha sido reconocido mundialmente como un ejemplo a seguir.

Tal vez pueda interesarle el artículo: ¿Renace la televisión pública latinoamericana?

Es importante reconocer que los operadores Telco se encuentran en un momento coyuntural y que la competencia inequitativa de las OTT es un factor de riesgo para su estabilidad como lo hemos analizado previamente en este espacio. Sin embargo la Autoridad Nacional de Televisión reglamentó este año un nuevo régimen de contraprestaciones y de televisión por suscripción, que alivió enormemente su carga económica, por lo que este no puede ser un argumento válido, para justificar el despropósito de querer acabar con la Televisión Pública en Colombia, pues tan importante es defender la industria de las Telecomunicaciones como la Televisión, ambas aportan enormemente a la economía del país y son motor del desarrollo.

Tal vez pueda interesarle: Cable operadores de la prosperidad a la incertidumbre

Las discusiones parlamentarias presentes y futuras en América Latina, encaminadas a la regulación del sector telecomunicaciones altamente perjudicado por la entrada de las plataformas OTT, deben incluir a todos los agentes de la cadena de valor del mercado y deben propender por un verdadero equilibrio, que favorezca a todos los sectores de la economía, especialmente las industrias culturales, la economía naranja de servicios, es decir el sector de la producción audiovisual.

Lo que no puede permitirse en la región, es que las discusiones involucren a un solo sector, buscando favorecer a las TELCO en detrimento de todas las industrias audiovisuales nacionales, condenado a los televidentes a consumir solo contenidos extranjeros, renunciando a su identidad cultural, tal y como está ocurriendo en este momento en el congreso de Colombia.

Es urgente que las industrias audiovisuales, los canales de televisión, los organismos internacionales y muy especialmente los actuales candidatos presidenciales en Colombia, se pronuncien sobre este proyecto de ley que cursa en el congreso y reclamen una regulación que no solo favorezca a unos pocos agentes del mercado en detrimento de los demás, sino a todos los actores de la cadena de valor, especialmente los pertenecientes a la economía naranja de servicios, que son finalmente los que más empleos generan y defienden la identidad cultural en la región.