Daño de $ 8,5 millones de millones en Reficar denuncia La Contraloría
COMUNICADO DE PRENSA No 210
A USD$2.879 millones ($8.5 billones) llegó daño fiscal por las irregularidades que detectó la Contraloría en el proyecto de Reficar
*El fallo fiscal de Saludcoop ($1.4 billones) es 6 veces menor a la cifra que arrojan los 36 hallazgos fiscales que detectó la CGR en la Refinería de Cartagena.
*Hasta el 2046 pagaremos los colombianos, por intermedio de Ecopetrol, la gigantesca deuda que dejo el proyecto.
*La CGR considera que el lucro cesante llega a los USD$1.936 millones.
*Casos de ineficiente gestión fiscal por doquier encontró la Actuación Especial realizada por la Contraloría. Sobrecostos millonarios, adquisición de materiales y equipos que no se utilizaron y ajustes injustificados en varios subcontratos, son algunas de la situaciones encontradas.
*Hoy día siguen llegando materiales constructivos y al 31 de agosto de 2016, la refinería ha tenido 38 paradas operacionales, revela el Contralor Edgardo Maya Villazón.
*ENLACE DEL INFORME DE REFICAR COMPLETO:
Bogotá, 6 de diciembre de 2016.- Un presunto daño fiscal de USD$2.879 millones de dólares, equivalentes a $8.5 billones de pesos, determinó finalmente la Actuación Especial que adelantó la Contraloría General de la República sobre la puesta en marcha y ejecución del proyecto de la Refinería de Cartagena, Reficar.
Esta cifra es igual a:
*6 veces el daño fiscal de Saludcoop, el más grande del país hasta ahora, que fue de $1.4 billones de pesos.
*Un poco más de lo que se espera como recaudo adicional con la reforma tributaria en 2017.
*Becar durante dos siglos a los 22 mil estudiantes que actualmente tiene el Programa Ser Pilo Paga.
600 mil viviendas gratis, la mitad del déficit de vivienda nueva.
“Son 36 hallazgos fiscales que totalizan esta escandalosa suma de dinero”, señaló el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, al revelar hoy las conclusiones de este informe.
Esta Actuación Especial fue adelantada por la Contraloría Delegada de Minas y Energía, a través de un equipo de alto nivel conformado por 28 experimentados auditores (15 de esta dependencia y 13 de otras Delegadas), siendo la primera vez que una actuación de la Contraloría demanda un número así de grande de funcionarios para adelantar labores de control.
La CGR revisó 177 subcontratos y encontró que de los US$2.879 millones de hallazgos fiscales, unos USD$943 millones (32%) corresponden a posibles irregularidades en contratación.
En cuanto al lucro cesante que se generó, que completa la totalidad del daño fiscal, la Contraloría consideró que hubo falta de planeación por parte de CB&I como experto en la construcción de plantas de refinación, para la elaboración de la ingeniería (diseños), la adquisición de bienes y la construcción.
Tales componentes nunca se alinearon y por el contrario presentaron múltiples irregularidades, cuando se suponía que esta firma reunía las condiciones de idoneidad y experiencia para la ejecución de megaproyectos de esta magnitud.
Esta situación hizo que no ingresaran recursos al patrimonio del Estado en cabeza de Reficar, por valor de USD$1.936 millones de dólares.
Una deuda que pagamos todos
La sociedad colombiana, por intermedio de Ecopetrol –garante final del proyecto, está hoy endeudada hasta el 2046, fecha a la que llegan los compromisos financieros.
Reficar hoy tiene una deuda por USD$1.657 millones con la filial de Ecopetrol denominada Ecopetrol Capital AG, que tiene un patrimonio negativo (el 99% del mismo corresponde a las cuentas por cobrar a Reficar).
El proyecto tiene hoy un valor presente negativo de USD$9.213 millones, como consecuencia de sus adiciones presupuestales y la destrucción de rentabilidad esperada. El presupuesto inicial era de USD$3,777 millones y el valor ejecutado llega a USD$8,016 millones.
Con las adiciones presupuestales, se modificó una tasa de rentabilidad del proyecto esperada de 16,10% a una de 4,35%, que está por debajo de la deuda del proyecto (5,5%).
Por la estructura financiera de Reficar, sus rentas futuras están pignoradas, Es decir, se hizo la refinería a crédito y hoy se hace un gran esfuerzo para pagar.
La Contraloría analizó también la situación actual de Reficar y encontró que siguen llegando materiales constructivos y que, al 31 de agosto de 2016, la refinería ha tenido 38 paradas operacionales.
Ineficiente gestión fiscal
Los casos de gestión fiscal ineficiente detectados en la construcción de la refinería son numerosos y ocupan varias páginas del informe de esta Actuación Especial. Y se encuentran algunas curiosidades, como el pago de llamadas telefónicas y costos de minibar no justificados por USD$7.947 por parte de CB&I, a pesar que dichos ítems se tenían como gastos no reembolsables y por tanto no tenían –dentro del clausulado normativo contractual- soporte alguno para su reconocimiento y pago.
Así mismo, CB&I pagó al subcontratista por alquiler de cada unidad de baño portátil la suma de $880.052 para el año 2011, valor que fue modificado hasta llegar a $640.388 en el año 2015. La Contraloría realizó un sondeo de mercado mediante cotizaciones que cumplen las respectivas condiciones de tiempo, modo y lugar, y encontró que se hizo un pago superior al del mercado por esta contratación, por un valor de $9.597 millones.
También está el pago de servicios de transporte por $724,5 millones que nunca se utilizaron.
Son varios los casos en que se suscribieron contratos y órdenes de compra de adquisiciones de materiales y equipos que resultaron en compras excesivas, comprometiendo recursos públicos en elementos que no se utilizaron y que no serán necesarios para la operación de la refinería. La CGR calcula que los mismos pueden tener un valor de USD$57,7 millones (en el 42,6% que cuenta con avalúo. Del 57.4% restante se desconoce su precio).
En total, se determinaron 3.9 millones de unidades de materiales sobrantes.
Se dio también un incremento injustificado del valor inicialmente pactado para la construcción de los racks de tubería por valor de US$72.7 millones de dólares.
Y en el alquiler de grúas hidráulicas, subcontratado por CB&I, se dio un presunto daño fiscal por valor de $37.855 millones. Se evidenció que para un estimado de utilización de 84 grúas, en la mayoría de los meses solo se contaba con un operario y un supervisor. Es decir, no se podían utilizar todas las grúas disponibles y facturadas.
Otro detrimento patrimonial se dio en la ejecución de los contratos de alquiler y/o compra de andamios. Se detectó un costo de USD$135.1 millones por andamios sin justificación dentro de la obra.
De otro lado, CB&I suscribió 6 subcontratos con el objeto de realizar la preparación y adecuación de la zona para el almacenamiento temporal de equipos importados que llegaban por el puerto, en el sitio denominado Casablanca 1,2, y 3. Esta adecuación –que no estaba contemplado dentro del proyecto- costó $19.255 millones.
Más ineficiencias
*Se aumentaron los costos de administración de los subcontratos sin justificación. En algunos casos se ajustaban aritméticamente para que no fuesen detectados en la facturación. El valor de estos ajustes fue de $10.085 millones.
El sistema de coque construido, tuvo que repararse inmediatamente por valor de $6.313 millones.
*Existen anticipos sin legalizar correspondientes a los subcontratos 1289 y 1291, bajo el pretexto de estar cubiertos por la Carta de Crédito otorgada por CB&I a favor de Reficar, por valor de $41.894 millones.
Se hicieron pagos que no concuerdan con las órdenes de cambio aprobadas en los respectivos subcontratos representando mayores costos en la facturación, por valor de $13.260 millones.
*Durante el desarrollo del proyecto se presentaron deficiencias en los diseños definitivos para la construcción por parte del EPC, por lo que aumentó el número de horas de ingeniería en la realización de ajustes, modificaciones y consecución de documentos finales, que ocasionaron un impacto negativo de compras. Esto generó el uso de 2.341.763 horas de ingeniería adicionales, por un valor no justificado de USD$364,6 millones.
El diseño efectuado no tuvo en cuenta lo requerido para la correcta construcción de la unidad 113 de manejo de coque. Se presentaron daños en la estructura, por valor de USD$9,5 millones.
*Con el único propósito de terminar rápidamente la refinería, se aprobó un Plan de Incentivos cuyo objetivo era establecer un reconocimiento que motivara al personal de preparación y puesta en marcha del proyecto.La administración no cumplió las condiciones ni metas establecidas.
Tampoco se alcanzó la producción a que se aspiraba con la refinería, pues siempre ha estado por debajo de lo proyectado. No se justificó un incentivo de la magnitud del aprobado, situación que contribuyó a aumentar sustancialmente los costos del proyecto.
A pesar del incumplimiento de las metas, se pagaron incentivos por valor de $80.491.513.774 y USD$6.483.018
Otras conclusiones del informe de la Contraloría
*Dado que el criterio de selección del socio de Reficar fue su capacidad financiera, el proyecto privilegió la ingeniería financiera antes que la ingeniería para la construcción. Al escoger a Glencore, se ignoraron la experticia y el conocimiento del negocio.
*La Junta Directiva de Ecopetrol autorizó la salida del Glencore del proyecto en 2009, a pesar de que la causal invocada por este inversionista privado no se probó adecuadamente (argumentó la ocurrencia de un evento “imprevisto, imprevisible e irresistible” que afectó la ejecución del proyecto, de tal manera que continuar con el mismo o con las obligaciones del contrato le “resultaba económica y/o financieramente inviable”
Según la Contraloría, Ecopetrol no ejecutó los mecanismos para contrarrestar los incumplimientos del socio adjudicatario incluidos en el Acuerdo Marco de Inversión –AMI, que incluían una garantía por valor de USD$75 millones y penalidades consistentes en el cobro de USD$166 mil diariamente, entre otros.
*En el caso de CB&I, no evidenció experiencia para la ingeniería, el suministro y la construcción de una refinería. El contrato EPC suscrito nunca contempló el arranque del complejo de refinación, sólo llegaba a su etapa de construcción, pese a que Ecopetrol –dentro de sus solicitudes previas para la autorización del desarrollo del proyecto- siempre evidenció que el contrato debía incluir el arranque de la maquinaria.
*En cuanto a los contratos revisados, gran parte de la información no se encontraba custodiada por el dueño de la misma (Reficar) y está aún en poder de CB&I. Fue necesario hacer requerimientos especiales para obtener la misma, de forma completa.
*Muchos de los documentos no fueron traducidos como lo exigía el contrato del EPC y las traducciones eran incorrectas (9 de cada 10 contratos tenían errores en el inglés legal). Además, se tomaban decisiones (especialmente en las cláusulas de pago) en función de la conveniencia de los subcontratistas.
