“Cierre definitivo de los casos de militares, solo con la justicia penal especial”
“No vamos a ver guerrilleros libres mientras nuestros soldados esperan al funcionamiento de la JEP”En cumplimiento al compromiso de otorgar tratamientos penales especiales diferenciados a los agentes del Estado, en el marco de la justicia transicional, el Gobierno nacional presentará al Congreso de la República un proyecto de ley que incluye un capítulo que otorgará la renuncia a la persecución penal para agentes del Estado que han cometido conductas punibles en el marco del conflicto armado.
Tratamiento penal especial diferenciado para agentes del estado
El proyecto establece de manera expresa que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá la función de decidir sobre la renuncia a la persecución penal, entre otros mecanismos de tratamiento penal especial diferenciado.
La renuncia a la persecución penal será aplicable a los agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, siempre que no constituyan delitos graves, tales como: genocidio, crímenes de lesa humanidad graves crímenes de guerra, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, delitos de violencia sexual, entre otros. Estos delitos graves serán de competencia y conocimiento del Tribunal para la Paz.
Así lo informó este viernes el ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, quien señaló que este será un capítulo dentro de los instrumentos legales que desarrollen los acuerdos para poner fin al conflicto armado, enfatizando que estos tratamientos para los agentes del Estado han sido el producto de una decisión unilateral del Gobierno Nacional y no fueron negociados en La Habana.
El instrumento legal establecerá unos principios que regirán la aplicación de la renuncia a la persecución penal tales como el de integralidad, seguridad jurídica, prevalencia, debido proceso y favorabilidad.
Al respecto, el Ministro de Defensa señaló que la creación de mecanismos independientes del Sistema, que no hagan parte de este engranaje jurídico, va en detrimento de la seguridad jurídica de aquellos que participen en estos mecanismos individuales y limitan la satisfacción de los derechos de las víctimas. “Sólo las decisiones que se tomen como parte de este Sistema, permiten el cierre definitivo de los casos que tuvieron lugar en el marco del conflicto armado. Y recordó que este proyecto busca la satisfacción integral de los derechos de las víctimas para favorecer un cierre definitivo del conflicto armado.”
Este proyecto de ley busca beneficiar a cerca de 5.500 miembros de la Fuerza Pública que actualmente se encuentran condenados, privados de su libertad y en procesos de investigación sin medidas de aseguramiento.