La corrupción en contratos para alimentar niños: la captura del alcalde de Aguachica (Cesar), contratistas de esa ciudad y de Maicao (La Guajira)
El alcalde de Aguachica (Cesar), Henry Alí Montes Montealegre, y cinco personas más fueron capturados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía por su presunta responsabilidad en irregularidades detectadas en el manejo de los contratos para proveer alimentos a los niños de los colegios del municipio de Aguachica.
Asimismo, fueron detenidos tres contratistas por irregularidades en la provisión de comida para 1509 niños en Maicao (Guajira).
La decisión judicial la informó el Fiscal General de la Nación (e), Jorge Fernando Perdomo Torres, luego de que se asumiera la investigación por parte de la entidad ante la publicación hecha a través de redes sociales de un video grabado en la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús.
El convenio investigado se realizó con el fin de “aunar esfuerzos para el suministro de alimentación escolar a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas del municipio de Aguachica”, de acuerdo con los lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Los afectados con las órdenes de captura son, además de Montes, el exalcalde ( e) de Aguachica Juan Carlos Zuleta; la representante legal de la Fundación Provenir, Diana Margarita Trujillo Arévalo; el secretario de Educación municipal, Rodolfo Rodríguez Rincón Páez; el secretario Jurídico, Nicolás Julio González, y la supervisora del convenio, Ariela Pallares Santiago.
Les imputaron los delitos de cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, fraude procesal y peculado por apropiación.
En otra operación realizada en el municipio de Maicao (Guajira), fueron capturados el representante legal de la Fundación Semillas Colombia, Jorge Mario Sanjuan Ángel; la representante legal de la firma Convenio de Libranzas, y el proveedor de frutas Libardo Liñán Puerta.
La investigación que vinculó a estas personas está relacionada con dos contratos suscritos por valor de 4.400 millones de pesos para atender a 1509 niños menores de cinco años. La Fiscalía evidenció en los dos contratos falsedades en cuentas, inexistencia y duplicidad de beneficiarios, tercerización, empresas de fachada y no ejecución del contrato por 695 millones de pesos.
La investigación se realiza por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad en documento público.
AAEA